-
La explosión en BC es una llamada de atención
-
San Juanico, Tijuana, Guadalajara: bomba de tiempo
-
Notimex, Iberdrola, Elecciones, Afores, Sistema, Autos
Hace unos días se registró una explosión en un tanque de almacenamiento de la empresa Gas Silza, ubicada en la carretera libre Tijuana-Tecate, Baja California, que dejó como saldo cuatro personas muertas y tres heridas de gravedad.
El estallido se presentó frente al fraccionamiento El Refugio, en las instalaciones de esa gasera propiedad de grupo Tomza. De acuerdo con el reporte de los bomberos, las personas fallecidas se encontraban en el área de oficinas y fueron desalojados 54 trabajadores.
Además de la fuga en una de las minas estacionarias que surten gas LP doméstico a los tanques comerciales, Bomberos y Protección Civil atendieron un incendio en el área de maniobras, según el director de Bomberos de Tijuana, Rafael Carrillo. Elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional apoyaron en el operativo que se organizó para atender la emergencia.
La alcaldesa de esa ciudad, Montserrat Caballero, dijo que tanto el incendio como la fuga de gas fueron controlados por el personal de bomberos. Agregó que continuarán trabajos en la zona, por lo que pidió a la población evitar transitar en el área.
Por su parte, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, dijo en un mensaje en redes sociales que la fiscalía estatal se encuentra investigando lo sucedido y prometió actuar en consecuencia.
El tanque siniestrado era de 22 mil 500 litros. La planta y estas instalaciones de Silza permanecerán cerrada durante el tiempo que lleve la investigación, señaló el director de Protección Civil, Bernardo Villegas.
Nada más para recordar algunas de las anomalías de esa empresa, administrada por personas sin preparación, en julio de 2021 reporté en esta columna que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) había comenzado a investigar por anomalías fiscales a Grupo Tomza cuyo dueño es Tomás Zaragoza Ito.
¿Es suficiente?
El caso de este grupo gasero ha sido de total impunidad, pues no solo se encuentra el caso de hace unos días de Tijuana, sino, por solo citar un ejemplo (de los cuales hay muchos), en Puebla, una familia exige a las autoridades que esa empresa cubra los daños materiales y gastos médicos de una persona que resultó lesionada en un incendio provocado por la acumulación de gas LP en la instalación del cilindro de uso doméstico. Lo trabajadores de Tomza huyeron al ver las llamas.
En varias ocasiones he denunciado en esta columna que no solo la zona donde ocurrió el estallido de Baja California, sino otras más son una bomba de tiempo, por estar ubicadas en lugares habitacionales densamente poblados e incluso cercanos a centros comerciales.
Es el caso de una planta ubicada en el céntrico crucero 5 y 10, representa un peligro. De acuerdo con un documento de la Cámara de Diputados, esta distribuidora de Tijuana está en “un terreno rodeado de más de 2 mil 500 casas-habitación, la zona habitacional del Infonavit La Mesa, situada a menos de 100 metros de distancia y que consta de 33 edificios de 10 departamentos cada uno, es decir, 310 departamentos; está la penitenciaría del estado, con más de 2 mil internos, escuelas, comercios, la clínica 20 del Instituto Mexicano del Seguro Social, maquiladoras, una tienda Soriana, salas de cine, la plaza Mundo Divertido, la nueva macroplaza, y un parque industrial, dividido en tres partes, la mayor de ellas es el complejo industrial Bustamante, que consta de 35 naves, casi todas ocupadas”.
De hecho, hace poco más de un año fue clausurada una planta de Grupo Zeta Gas en Tijuana, Baja California, bajo el nombre de Baja Gas & Oil, después de una inspección de diversas dependencias como Protección Civil, Bomberos, Dirección de Ecología e Inspección y Verificación. Pero nunca fue cerrada totalmente, pues los empleados podían entrar y salir de ahí violando los sellos. La población pide encarecidamente que el centro de distribución sea reubicado.
En la realidad esa empresa sigue operando y representa un peligro para miles de tijuanenses, por lo que el estallido de la semana pasada representa una llamada de atención para evitar un accidente como el de San Juan Ixhuatepec de hace 39 años, cuando una explosión dejó sin vida a más de 500 personas.
Por cierto que ahí, en Sanjuanico, como se le conoce popularmente a San Juan Ixuatepec, tampoco se ha logrado que la zona deje de ser una bomba de tiempo, pues muchas de las gaseras, entre ellas una precisamente de Grupo Tomza, que desde hace décadas debieron haber salido de ahí, operan regularmente sin hacer caso a disposiciones oficiales y hasta de la Suprema Corte de Justicia.
Habitantes de la zona, legisladores y hasta partidos políticos han exigido que salgan de San Juanico las gaseras como la de Tomás Zaragoza, pero las autoridades parecen hacer caso omiso a sus denuncias.
Otro peligro latente es el de Guadalajara, pues nada más en 2022 las unidades de Protección Civil y Bomberos de Zapopan y Guadalajara atendieron dos mil 566 reportes relacionados con fugas, olores a gas y explosiones por este hidrocarburo en varias colonias, de acuerdo con el coordinador intermunicipal de Protección Civil de ambos municipios Sergio Ramírez.
En esa zona metropolitana parece existir el mismo problema que en Tijuana y Sanjuanico, las empresas distribuidoras de gas se ubican en zonas altamente pobladas, como la colonia San Andrés, al oriente de la capital jalisciense y no han existido las suficientes acciones de gobierno para obligarlas a reubicarse.
Hay que eliminar los riesgos
En síntesis, el área metropolitana de la ciudad de México, la zona metropolitana de Guadalajara y Baja California (incluyendo Ensenada y Tecate) son bombas de tiempo por contar con distribuidoras de gas LP en zonas habitacionales y hasta comerciales.
Lo ocurrido la semana pasada en Baja California, debe ser una llamada de atención para que se ponga orden en las plantas de gas LP situadas en zonas urbanas, antes de que ocurra una tragedia mayor.
El peligro está latente por lo que es urgente que el presidente Andrés Manuel López Obrador, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, y el titular de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector de Hidrocarburos (ASEA), Ángel Carrizales, obliguen a las gaseras a salir de lugares en donde representan un peligro para la población.
Lo mismo deben tomar en cuenta personajes como las candidatas a gobernador del estado de México, Delfina Gómez y Alejandra del Moral; el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro (quien eludió el problema cuando fue alcalde de Guadalajara), y, desde luego, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila. De ellas y ellos depende el futuro seguro de miles de mexicanos.
Dice el filósofo del metro: Urge actuar antes de que haya otro Sanjuanico.
Tianguis
Retomando el caso Notimex, del que escribí en mi última entrega, el viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador, confirmó que definitivamente desaparecerá la agencia y que se respetaran los derechos de los trabajadores. No estoy muy de acuerdo con él, en el sentido de que la mañanera baste, pues como lo explicaba en mi columna pasada es necesaria un instancia que ayude defender al Estado Mexicano de todas las presiones internas y externas actuales y por venir…
El mismo viernes, Los Periodistas, Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela, entrevistaron a las dos personas involucradas directamente en el conflicto que (por lo menos para mí) dio origen a la decisión de cerrar Notimex: la directora general, Sanjuana Martínez, y la lideresa del sindicato, Adriana Urrea. La segunda dijo haber salido airosa de todas las acusaciones en su contra y por lo menos en tres ocasiones alabó la Reforma Laboral aprobada en este sexenio, con lo que concuerdo.
Sanjuana por su parte denunció públicamente un asunto que yo he dejado entrever en mi columna y en comentarios radiofónicos: el conflicto de interés en el que ha incurrido la secretaria del Trabajo, Luis María Alcalde, al actuar con celeridad en el caso de Notimex, pues el padre de la funcionaria, Arturo Alcalde, es asesor del sindicato de la agencia. Considero que su actitud (de la secretaria) deja mucho que desear, pues por ejemplo no ha dado un solo teclazo para apoyar a los trabajadores de UnoMásUno. Ni siquiera los ha recibido para ver cómo puede ayudarlos en una huelga que lleva ya más de 20 años y que se ha enfrentado al desdén de la Secretaría del Trabajo, al grado de que hay trabajadores que no se pueden pensionar (cuando legalmente los derechos se mantienen mientras dure la huelga), hay viudas que no reciben un solo centavo a pesar de que sus esposos murieron durante la huelga y ninguno ha podido recibir la indemnización que le corresponde. Pero eso sí con Notimex hubo todo el apoyo…
Muy interesante un análisis que hizo Bloomberg sobre quiénes son los verdaderos propietarios de Iberdrola, luego de que el gobierno mexicano decidió adquirir 13 de las plantas de la empresas española para incorporarlas a la operación de la Comisión federal de Electricidad y controlar así el 55 por ciento de la distribución eléctrica del país. Resulta que el principal accionista de Iberdrola es el Fondo Soberano de Qatar ((FSQ) con 6.66 por ciento, el segundo sitio lo ocupa BlackRock (el fondo de Larry Fink, uno de los millonarios que ha sostenido varias pláticas con el presidente López Obrador) con 5.29 por ciento.
El tercer sitio lo ocupa otro fondo de inversiones (Vanguard) con 3.81 por ciento y el cuatro la propia Iberdrola con 2.21 por ciento. De los fondos mexicanos hay dos: Actinver y Santander México. Pero se encuentran en los lugares 442 y 473 como accionistas minoritarios…
Las campañas en el estado de México y Coahuila siguen a todo lo que dan. En ellas en conjunto se estima un gasto superior a mil millones de pesos, en los pocos meses que durarán las acciones oficiales de proselitismo. En el estado de México, según un reporte de Excélsior hay una bolsa de 897 millones 603 mil 245.84 pesos, mientras que en Coahuila cada uno de los cuatro contendientes podrá disponer de casi 200 millones de pesos. En el caso del estado de México, la candidata de Morena.
Delfina Gómez, ocupa el primer lugar, aunque la ventaja se ha ido reduciendo. Hace dos meses había una intención de voto de casi tres a uno a su favor, mientras que ahora algunas encuestas mencionan solo 14 puntos de ventaja sobre la aspirante del PRI-PAN-PRD, Alejandra del Moral. Parece ser que a Delfina le han pesado mucho las acusaciones sobre la validez de sus títulos profesionales…
Interesante un reporte de La Jornada del fin de semana según el cual las 10 administradoras de fondos para el retiro (Afore) que operan en el país reportaron ganancias por dos mil 648 millones 679 mil pesos durante el primer trimestre del año, cifra que duplica los 827 millones 748 mil pesos obtenidos en el mismo lapso del año pasado, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar). La información de la Comisión también indicó que se incrementó la cantidad de retiros por desempleo. En marzo, la cifra sumó dos mil 189 millones de pesos, un aumento de 33.8 por ciento respecto al mes anterior y de ocho por ciento respecto a marzo de 2022…
A nivel global llama la atención que cada día son más voces que se suman a la tendencia para eliminar el sistema monetarista actual, es decir la policía financiera encabezada por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y para reducir la dependencia planetaria del dólar. Lo sorprendente es que lo mismo hay personas de derecha, como el francés Emmanuel Macron, o de izquierda como Luiz Inácio Lula da Silva. El presidente francés dijo: “¿Por qué debemos ir al ritmo elegido por otros? En algún momento debemos preguntarnos cuáles son nuestros propios intereses”. Por su parte, Lula reflexionó: “¿Por qué todos los países están obligados a hacer su comercio amarrados al dólar, (…) quién decidió que sería la moneda global?”…
Augusto Bagase Rejón, director general de Cesvi México presentó pruebas de impacto que pueden ser relevantes para la industria automotriz, Primero que nada hay indicar que, de acuerdo con datos estadísticos Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, las primas directas de autos representan cerca de 121 mil millones de pesos. Al respecto, Bagase señaló que “nuestras pruebas de impacto a baja velocidad tienen el propósito de medir los tiempos, costos de reparación y disponibilidad de refacciones, esto genera información muy valiosa para el sector asegurador; además, desarrollamos manuales de reparación e informes que son de gran utilidad para el fabricante y los centros de reparación.
Detrás de cada prueba de impacto que realizamos, hay mucha gente trabajando y varias empresas colaborando para seguir contribuyendo a la evolución del sector”… Hablando de la industria automotriz, Toyota México y su red de distribuidores lanzaron “Toyota Conduciendo un México Mejor”, que busca fortalecer el desarrollo sostenible de comunidades en México, a través de su filosofía de Pensar Global y Actuar Local.
“Para nosotros es una prioridad, encontrar proyectos que impulsen el desarrollo social de nuestro país, y creemos que, al crear lazos con Organizaciones de la Sociedad Civil, los esfuerzos dirigidos en pro de México se posibilitan aún más,” comentó Sergio García, presidente del Comité de Responsabilidad Social de Distribuidores Toyota de México.