ProPublica, un medio estadounidense, publicó el artículo ¿Los narcotraficantes canalizaron millones de dólares a la primera campaña del presidente mexicano López Obrador?
Una nota firmada por el periodista Tim Golden, quien basa la investigación en lo dicho por testigos ante la DEA (Administración para el Control de Drogas del gobierno de EE. UU.).
El texto asegura que el dinero fue proporcionado a cambio de la promesa de que, en un futuro, cuando López Obrador accediera al poder, tolerara las operaciones de un cartel.
La periodista Viri Ríos, por su parte, critica la información presentada al basarse, como una única fuente, en informantes que la misma dependencia estadounidense reconoció que incurrieron en múltiples contradicciones y fueron desacreditados.
Ríos resalta la fragilidad informativa: “en esta ocasión (la nota de Tim Gordon), sirve para apoyar la retórica Trumpista de ‘fuerza e intervención’ hacia México”. Esta crítica sugiere que la información se utiliza para respaldar agendas políticas, lo que plantea interrogantes sobre la imparcialidad y objetividad de la investigación.
Si el argumento en el fondo es que México no ha enfrentado al narcotráfico con la fuerza que EE. UU. quisiera, dar por sentada la información que ProPublica expone es abrirle la puerta, una vez más, al intervencionismo gringo, o como lo dice el periodista Jesús García, editor de La Opinión: “Si EE. UU. tiene pruebas contra AMLO, bien puede armar un caso similar al del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández”.
Por ahora, la revelación suma un polémico contrapeso que será aprovechado por la oposición en México. La intervención electoral tiene muchos rostros, según García.
En el ring mediático ya se observa la tendenciosa afirmación: Crimen organizado financió campaña de AMLO de 2006: reportajes de Propublica y DW, que puede leerse en el portal de Aristegui Noticias.
El periodista Jesús Escobar expone: “En realidad el reportaje señala: que La DEA desechó la investigación. El testigo en que basan sus declaraciones es Jessica, vinculado con Calderón y García. Agregaría que no hay pronunciamiento alguno de la DEA sobre este tema en los últimos 18 años”.
Tal vez, para entender mejor este revuelo en torno a un testimonio desechado en 2006, debería considerarse como una reacción del sector gubernamental estadounidense que vio sus intereses afectados.
Andrés Manuel López Obrador “es el primer presidente en la historia en elaborar una ley que regula a los agentes extranjeros como la DEA y con la que los obligó a reportar todos sus movimientos en el país”, según afirma la escritora y periodista Laura Sánchez Ley. Cabe destacar que dicha reforma se publicó el pasado 14 de enero.
Pero regresemos al testigo, la “fuente” de la investigación: Roberto López Nájera, otrora abogado de los Beltrán Leyva. Jennifer era su nombre clave y en 2010 comenzó a trabajar con la DEA a cambio de protección y un pago mensual.
Creó fama y no se echó a dormir. Sobre el personaje, Carlos Pérez Ricart comenta que López Nájera fue utilizado para fabricar testimonios y recuerda que el periódico El PAÍS, en una nota publicada en 2013, decía esto sobre el abogado: “Jennifer era capaz de agarrar un hilo suelto de información y convertirlo sobre la marcha en otra rama de su nido de falacia”.
Es positivo que se investigue la probable colusión y la del propio presidente en presuntos actos de financiamiento ilegal. En caso de que se demuestre, los responsables deben ser castigados.
Pero. ¿ProPublica se prestó al golpeteo mediático para desacreditar a López Obrador en favor de una agenda política promovida desde el otro lado del Río Bravo?
La investigación de Tim Gordon nos rememora el caso con el que se intentó encarcelar al general Tomás Ángeles y al piloto de la Policía Federal Javier Herrera Valles, quienes denunciaron a Genaro García Luna en su momento.
Dichos casos colapsaron debido a la falta de pruebas, ya que Jennifer, Roberto López Nájera, figuraba como el testigo estrella con el que se construyó el montaje.
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