En la cancha de la Fiscalía General de la República, a cargo del controvertido Alejandro Gertz Manero, está la obligación de limpiar al régimen de la sombra de corrupción que operó en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), con desvíos que pudieran superar los 10 mil millones de pesos durante los años 2019, 2020 y 2021.
Fue la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la que inicialmente descubrió el cúmulo de anomalías en la administración de Ignacio Ovalle Fernández, quien según se ha dicho ya compareció formalmente, pero no se ha iniciado proceso judicial alguno, lo que llama a sospecha y presunción de encubrimiento.
Es indispensable borrar cualquier tipo de sospecha de que se ampara la gran corrupción de Segalmex, que no sólo enriqueció a malos funcionarios, sino que sumió más en la pobreza a cientos de miles de mexicanos que debieron haber recibido los beneficios de la empresa del estado, que aglutinó a Liconsa y Diconsa.
Ovalle Fernández, aún vive del erario, al ocupar la Coordinación del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), dependiente de la Secretaría de Gobernación, hasta donde salpica a su titular Adán Augusto López Hernández.
Y mientras Ovalle ni suda ni se acongoja, su sucesor en Segalmex, el ex gobernador de Baja California Sur, Leonel Cota Montaño, suda la gota gorda ante la lentitud de la FGR en las indagatorias de los desfalcos conocidos, que ahora se refuerzan con 32 denuncias adicionales a las promovidas por la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación.
Debe quedar muy claro, como lo acepta Cota Montaño que la corrupción debe castigarse, porque de no ser así la impunidad para Ovalle Fernández y otros funcionarios de Segalmex, sería una terrible mancha para el régimen Federal. Aún se está a tiempo de probar que el combate a la corrupción va en serio.
SUSURROS
Aunque muchos lo nieguen los esfuerzos del gobierno obradorista para contener el alza de precios ha dado resultados, pues ante un entorno internacional de elevada inflación los índices nacionales superarían fácilmente los 10 puntos con mayor daño a las capas populares.
Hasta ahora el índice inflacionario se ha mantenido abajo del nueve por ciento, mientras se refuerza el programa anti carestía con acuerdos específicos con las grandes empresas productoras y distribuidoras de los básicos.
Para contener los precios las grandes empresas se comprometieron a llevar a cabo la revisión necesaria para que los alimentos que importen sean de calidad y se encuentren libres de contingencias, mientras que el gobierno asegura seguir manteniendo precios en combustibles y electricidad, congelará peajes en autopistas y cancelará la exportación de maíz blanco, frijol, sardina, chatarra de aluminio y acero.
El objetivo central es evitar la carestía en 24 productos de la canasta básica, cuyo precio básico no deberá exceder de mil 39 pesos para satisfacer la necesidad de una familia de cuatro personas.
Controlar la inflación nunca ha sido fácil, pero el esfuerzo se hace.
Email: salvadormartinez@visionmx.com Twitter: @salvador_mtz
