Llama mucho la atención que, ante las elecciones para gobernador del Estado de México, el presidente del PRI en la entidad, Erik Sevilla Montes de Oca, afirme que en esos comicios no se decidirá sólo una gubernatura, “sino un proyecto de Nación”, cuando justamente el anquilosado partido de lo que carece es de proyecto y de ideología.
El PRI ha tenido el gobierno del Edomex por 93 años, aunque con gobiernos disímbolos que en el pasado recogieron los principios de la revolución pero que, en el presente, sólo reflejan los intereses de una capa dominante en lo económico y en lo político, sin principios ni propuestas, salvo las demagógicas del momento. Peor aún, las condiciones del PRI cuando plantea ir a las elecciones del 2023 en coalición con el PAN y el PRD, en la Alianza Va por México. Si solo el PRI no tiene ideología ni proyecto, peor aún en unión con el derechista PAN y el cuasi desaparecido PRD.
Hasta el momento ni siquiera tienen un método de selección de candidato o candidata a la gubernatura, tampoco principios básicos para la coalición, mientras que Morena despierta la simpatía de las amplias capas populares de los municipios mexiquenses.
Si como dijo Sevilla Montes de Oca, el PRI definirá su candidato con la opinión del gobernador Alfredo del Mazo y del expresidente Enrique Peña Nieto, poco se puede esperar, pues ninguno de los dos tuvo nunca una ideología que defender y proponer, sino sólo los intereses de sus aliados del gran capital.
Ciertamente el PRI se juega la vida en las elecciones del próximo año, que serán antesala de las elecciones presidenciales del 2024 en las que, hasta hoy, Morena parece llevar ventaja amplia en el Estado de México y en la República. Aun no hay candidatos, pero en Va por México no se observa a algún aspirante de arraigo popular, mientras Morena juega con muchos nombres, tres de ellos, con respaldo popular: Delfina Gómez, Higinio Martínez y Horacio Duarte. Al tiempo.
Susurros
Como suele suceder en estos casos, el interés de Estados Unidos en la exigencia de la solicitud de extradición de Rafael Caro Quintero no es la justicia, ni tampoco castigar al presunto autor intelectual del asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, sino la recuperación para Washington de dinero y propiedades del conocido narcotraficante.
La muerte del agente de la DEA fue hace 37 años y en el oficio de la Corte de Distrito con sede en Nueva York, que reclama la extradición del fundador del cártel de Guadalajara, no se pide severo castigo al inculpado, sino la ubicación de cinco propiedades de Quintero en Zapopan, Jalisco, que el gobierno de Estados Unidos pide le sean decomisadas para pasarlas a su propiedad.
La real intención de Washington se ampara en el título 21 del Código de los Estados Unidos en su sección 853 para solicitar el decomiso de éstas y cualquier otra propiedad de los demandados, se precisa en el oficio estadounidense, hecho público por un diario nacional.
Así ha sucedido con capos extraditados y ahí se encuentra parte de la disputa en el juicio que se sigue hoy allá de Joaquín El Chapo Guzmán Loera. El dinero y los bienes son lo único que les importa.
