El entonces Instituto Federal Electoral constituyó en 2007 y 2011 dos fideicomisos con vigencia de 50 años cada uno: el Fideicomiso de pasivo laboral, denominado Fondo para atender el pasivo laboral del Instituto Federal Electoral, y el Fideicomiso de administración e inversión denominado Fondo para el cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del INE.
Ambos Fideicomisos (pasivo laboral e inmobiliario) cuentan con amplios recursos, 533 millones 900 mil pesos y 826 millones 500 mil pesos, respectivamente, mismos que la autoridad electoral se negó a utilizar, al menos en parte, para cubrir al cien por ciento los requerimientos para la Consulta de Revocación de Mandato.
De todo esto se deriva una denuncia formal presentada ante el Auditor Superior de la Federación, David Colmenares Páramo, y también da vista al órgano interno de control del propio INE.
La sustentación de la acusación formal deriva del ejercicio de Fiscalización que se realizó en 2014 por la Auditoría Financiera y de Cumplimiento, en la que se puntualizan tres promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionadora y 15 recomendaciones.
En general se identifica un marco regulatorio débil y desactualizado en los fideicomisos de marras, en los cuales se detectaron inconsistencias financieras, pues las cifras presentadas en sus estados financieros no coincidieron con las reportadas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto.
Tras precisar varias irregularidades más, se concluyó en la denuncia formal que los recursos que integran el patrimonio de los Fideicomisos inmobiliario y de pasivo laboral, “no solo no cumplen con los objetivos para los que fueron creados, sino por el contrario, sus recursos se encuentran en riesgo, han sido distraídos de su propósito original y carecen de elementos que trasparenten su ejercicio, por lo que deben ser reintegrados al Estado, que podrá reencausarlos a su propósito original”, es decir, a los procesos electorales y de consulta ciudadana.
Bien valdría la pena que los consejeros del INE, encabezados por Lorenzo Córdoba Vianello detallaran a la opinión pública el manejo, origen y destino de estos cuantiosos recursos, antes de que lo haga la Autoridad Judicial.
SUSURROS
Como era de esperarse Morena y sus aliados no lograron la mayoría calificada para aprobar la Reforma Eléctrica que pretendía devolver a la nación el control absoluto del fluido eléctrico y arrebatárselo a las empresas extranjeras que hoy se enriquecen a costa de la factura de luz de los mexicanos.
El litio que se pretendía defender en esta misma Reforma Constitucional será ahora objeto de modificaciones a la Ley Minera, para lo que sí le alcanza a Morena y proteger así al mineral como riqueza nacional de explotación exclusiva. Ayer mismo fue aprobada en la Cámara de Diputados, pasará al Senado.
