Contrario a lo que el sector opositor al proyecto de nación, impulsado por la anterior administración y confirmado por Claudia Sheinbaum, advirtiera sobre el alejamiento de nuevas inversiones en México, empresarios de México y Estados Unidos confirmaron su confianza en el país y en el T-MEC.
La oportunidad de confirmar la unión comercial de Norteamérica y en especial con Estados Unidos se dio en la reunión CEO Dialogue entre empresarios y líderes del sector privado de ambos países con la presidenta Sheinbaum; todos unidos en Palacio Nacional.
La Jefa del Ejecutivo dejó en claro que se quiere dar certidumbre, confianza “y creo que (éste) va a ser un esfuerzo muy importante para el inicio de este gobierno”.
Las inversiones ofrecidas para 2025 son superiores a los 20 mil millones de dólares pero podrían rebasar los 30 mil millones de dólares si se logra concretar un nuevo proyecto en puerta.
Las empresas involucradas en estas inversiones son México Pacific, Royal Caribbean, Amazon y Woodside Energy, cuyos titulares confiaron en la buena marcha de nuestra nación y en especial de la región de América del Norte que representa el 30 por ciento del PIB mundial.
La sombra de la Reforma al Poder Judicial, satanizada por la oposición, fue también debidamente aclarada por la Primera Mandataria, al sostener que “ningún empresario estadounidense, ningúna empresa de otro país ni mexicanos tiene por qué temer” a esta reforma.
Avaló lo dicho en el encuentro empresarial de alto nivel de la dirigente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, Suzanne Clark, lo que dio en la cara de aquellos que quisieran ver a México sumido en el rezago.
AHORROS
Hasta el Fondo Monetario Internacional (FMI) advierte que México necesita una Reforma Fiscal integral para reducir el déficit presupuestal, la deuda y crear un espacio para inversiones en un capital humano y físico.
Es este espacio se ha recomendado la necesidad de una reforma fiscal progresiva que permita reducir las desigualdades y priorizar el gasto público, sobre todo para inversiones productivas y de infraestructura.
Será difícil que para 2025 se puedan realizar estos cambios pero deberá elaborarse un buen proyecto para el 2026 o máximo 2027, lo cual también daría servidumbre a las calificadoras porque permitiría enfrentar las mayores necesidades en gasto y a la vez reducir o mantener controlado el déficit público.
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