Las “corcholatas” en redes sociales cierran filas a favor del presidente de la República. Pero en mítines se atacan mutuamente. Todas (Adán Augusto López, Claudia Sheinbaum, Gerardo Fernández Noroña, Manuel Velasco, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal) quieren encabezar la continuidad de la 4T, aunque no sepan (¿o no quieran?) explicar el origen de los recursos económicos para su promoción en bardas y transporte público.
Los aspirantes de la oposición, carentes de carisma ya sea por su ocupación empresarial o trayectoria política, critican los espectaculares de sus oponentes y la conferencia matutina de Palacio Nacional. Pero continúan cobrando dietas y apoyos económicos por sus encargos legislativos (como Beatriz Paredes, Miguel Ángel Mancera, Santiago Creel y Xóchitl Gálvez). Ocupan una posición de poder y dinero que provine de un puesto público para catapultarse a nivel nacional.
Desde las elecciones del 4 de junio en el Estado de México y Coahuila, los tiempos electorales tomaron un ritmo más rápido. El 11 de junio, Morena en la convención de su Consejo Nacional estableció la metodología y los lineamientos para elegir a quien coordinará la Defensa de la 4T. Dos semanas después, el 26 de junio, la oposición secundó con el Frente Amplio por México, otrora Va por México.
Es decir, seis partidos políticos (Morena, PT y PVEM, por un lado, PAN, PRI y PRD, por el otro) con más de una docena de personas –entre las “corcholatas”, senadores, diputados y exgobernadores de la oposición– decidieron adelantar sus procesos internos para definir a su candidatura presidencial.
Pese a que el artículo 226 (numeral 2, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) indica que las precampañas deberían iniciar en la tercera semana de noviembre previo al año de la elección, y 30 días antes los partidos políticos ya habrían determinado los procedimientos para la selección de sus candidaturas.
Estos actores políticos tomaron el riesgo de (eventualmente) ser sancionados por las autoridades de administración y jurisdicción electoral, y aceleraron los comicios próximos.
Morena, como partido político que por primera vez llegó a la Presidencia de la República, se juega la conservación de ese poder público y, con ello, el futuro de su proyecto político. Tal vez esa sea la razón por la cual prefirió adelantarse a los tiempos de la ley, y así desgastar el proceso del Frente.
La oposición intenta retener los (pocos) espacios que le quedan desde 2018, pero ilusamente cree que puede, incluso con Creel o Gálvez, recuperar la Presidencia. No quiso quedarse atrás, como lo hecho en los últimos años, y aprovechó la puerta que abrió Morena.
Distintos, pero iguales. Cometen las mismas irregularidades, de una u otra manera.
Frente a este escenario las instituciones electorales tienen un papel (y responsabilidad) fundamental: como garantes de procesos electorales libres, transparentes y competitivos deben vigilar cada paso de quienes aspiran a Coordinar la Defensa de la 4T o Dirigir el Frente Amplio por México (léase candidatura a la Presidencia, ¡es lo mismo!).
Aunque también se debe seguir de cerca el actuar de los consejeros del INE y los magistrados del TEPJF. La ley es clara, pero se presta a interpretaciones por parte de quienes arbitran los procesos electorales (véase verbi gratia las sesiones de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE o la reciente reunión de la Sala Superior del TEPJF). ¿Cómo resolverán en los hechos, no solo con lineamientos, este proceso electoral prematuro que no acata los tiempos electorales previstos en la ley?
Y deben hacerlo ahora, porque quizás la disputa real por la Presidencia no sea a finales de este año y durante el primer semestre de 2024, en precampaña y campañas electorales oficiales –es decir, en el marco de la ley– sino al interior de los partidos, y en especial Morena. Porque cuando conozcamos los resultados de las encuestas, es probable que también tengamos al próximo presidente (¿o presidenta?) de México.
