Desde antes de iniciar su mandato como presidente de México, Andrés Manuel López Obrador dejó en claro que el ambicioso (en todos los sentidos) proyecto del Aeropuerto de Texcoco, no avanzaría por ser el símbolo de la corrupción neoliberal.
Multimillonarios contratos a largo plazo con pingües ganancias a costa del Estado, especulación con la tierra, desarrollos inmobiliarios con jugosas comisiones para funcionarios y mayores utilidades para las desarrolladoras, vialidades de elevados peajes y demás vicios eran conocidos desde entonces, pero minimizados por el gobierno de Enrique Peña en aras de contar con una terminal aérea como las mejores del mundo, pero con la que solo unos cuantos ganaban.
En 2018 pocos creían que se cancelarían las obras, que según decían llevaban casi 30 por ciento de avance porque el costo sería muy alto, el negocio estaba asegurado, pensaban. No fue así, el proyecto se canceló y en su lugar surgió el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en lo que era el aeropuerto militar de Santa Lucía en menos de tres años.
Con ello se atiende no sólo la necesidad de una nueva terminal aérea, la actual está saturada, sino que fundamentalmente se define el proyecto de nación. Se aparta del neoliberalismo representante del capitalismo salvaje, se atienden los requerimientos para el desarrollo y marca un desarrollo con visión social.
Ayer se inauguró el AIFA que tendrá una capacidad inicial de 19.5 millones de pasajeros anuales y 470 mil toneladas de carga. Cuenta con tres pistas y podrá alcanzar en su máximo desarrollo hasta 85 millones de pasajeros al año para satisfacer la demanda de los próximos 50 años.
Se cuenta ya con un aeropuerto alterno que desfogará el excesivo tráfico de la actual terminal aérea, que seguirá funcionando, pero ya no creciendo.
La hazaña de ingeniería se alcanzó, pero también, y más importante, la de definición del rumbo de la nación.
SUSURROS
El escándalo desatado por Julio Scherer Ibarra con la publicación de portada en su revista Proceso, más que diferencias entre personajes de la actual administración, refleja el temor que siente porque los casos de corrupción en los que se ha visto envuelto prosperen y termine preso en algún reclusorio del país.
El ex Consejero Jurídico de la Presidencia está en su derecho de utilizar los medios que a él convengan para protegerse de ataques e investigaciones legítimas o ilegítimas. Sin embargo, quizá equivocó la ruta.
Si hay rencillas personales o venganzas, como él dice, por parte del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, o de la senadora ex secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, deberá ventilarlo en los tribunales para aclarar cualquier situación.
El haber utilizado la Revista Proceso, de la cual es parte accionaria importante, junto con sus hermanos, la misma de la que se había deslindado por no manejar su política editorial, cuando atacaba al gobierno del que él formaba parte, lo deja mal parado y bajo sospecha de golpes bajos en el pasado reciente. Al tiempo.
