Mientras en el Estado de México se anticipó el proceso de selección de candidatos a gobernador y ya todo mundo da por buena para la candidatura a Delfina Gómez, mientras la oposición no ata ni desata, en Coahuila las cosas no marchan igual y el PRI presenta posibilidades de triunfo.
El gobernador coahuilense, Miguel Riquelme, sin mucho barullo prepara para ser su candidato y el de la alianza opositora a su secretario de Inclusión y Desarrollo Social del estado, Manolo Jiménez. Priista que podría ganar la elección, según las encuestas.
Por Morena pelean la postulación el senador Armando Guadiana, Luis Fernando Salazar, ex panista, y el subsecretario de Seguridad Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, con poco arraigo, pero fuerte impulso del centro.
La entidad norteña ha sido siempre gobernada por el PRI a pesar de haber contado con pésimos titulares del ejecutivo estatal, baste nombrar a los hermanos Moreira, Humberto y Rubén, especialmente de triste fama pública.
Esta característica de aguante de la ciudadanía coahuilense abre la esperanza del priismo y en especial del gobernador Riquelme para mantener el poder para el otrora partidazo, lo que bien pudiese pasar, siempre y cuando del CEN del tricolor no contaminen la entidad, hasta hoy en calma.
Si todo marcha en unidad, el PRI podría mantener la gubernatura, sobre todo porque en Morena el divisionismo se asoma con fuerza y la imposición de cualquier candidato sin consenso los puede llevar a la derrota.
Hay quienes aseguran que incluso está pactado el dividir gubernaturas. La joya de la Corona para Morena y Coahuila para el PRI. Veremos.
SUSURROS
En el esquema del gobierno del presidente López Obrador, Segalmex, que en su propio nombre lleva su propósito: Seguridad Alimentaria Mexicana, resultaba de fundamental importancia para llevar justicia y desarrollo al campo, así como producción y alimentos a la población nacional.
Sin embargo, a tres y medio años de su creación (con la integración de Liconsa y Diconsa, más nuevas atribuciones) su ejercicio ha sido peor que malo y sobre todo bañado por el escándalo de la corrupción.
Todo apunta a que el principal responsable del desvío de más de 12 mil millones de pesos es quien fuera su director de Administración, René Gavira Segreste, pero el titular de Segalmex, Ignacio Ovalle Fernández, también debería estar sometido a proceso judicial, porque no pudo existir tal nivel de corrupción sin que no se hubiese dado cuenta. Incluso la omisión en la adecuada supervisión de las operaciones de la dependencia a su cargo también es delito.
Por lo pronto la investigación va lenta y el presunto responsable sigue su proceso en libertad. Mano dura en este claro caso de corrupción organizada haría mucho bien a la administración federal que enarbola la bandera de la honestidad.
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