El ala conservadora que se opone a la reforma judicial con la elección por voto popular de ministros, magistrados y jueces, ha intensificado la presión mediática y ha llegado a buscar respaldo extranjero para evitar cualquier cambio en las actuales leyes que rigen al Poder Judicial.
Su principal acción no es el paro de labores por parte de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, aunque así lo parezca, sino las presiones que han motivado ejerzan instituciones de Estados Unidos como Morgan Stanley, que amenaza con degradar la calificación financiera de México.
Igualmente, han buscado la emisión de misivas al gobierno de Estados Unidos por parte de cámaras empresariales y hasta colegios de abogados de allá, como el de Nueva York, por supuestos peligros que la reforma propuesta por el presidente López Obrador implica para la seguridad jurídica y la independencia del Poder Judicial.
No obstante, todo ello en el Congreso, senadores y diputados de Morena se mantienen firmes para avanzar en la dictaminación de la iniciativa presidencial en este mismo mes de agosto y estar listos para que en la próxima legislatura que inicia el primero de septiembre se vote y apruebe la reforma judicial con la que se pretende democratizar la elección de los impartidores de justicia.
La lucha es férrea y las corrientes derechistas están dispuestas a realizar todos sus esfuerzos para mantener el statu quo y sobre todo los privilegios de los que han gozado los más ricos del país que, gracias a su dinero y a la labor de bufetes jurídicos de exorbitantes costos, logran ganar para sí juicios y prebendas.
Por lo pronto, el paro de los trabajadores judiciales federales se mantiene sin preverse que alcancen sus objetivos, por lo que es posible que en los próximos días aminore el respaldo mayoritario con que hasta ahora cuentan en su gremio.
El Congreso y el propio Gobierno federal deberán hacer una intensa labor para explicarles que no se afectarán sus condiciones laborales con la reforma, para erradicar el temor a ser perjudicados. Veremos.
SUSURROS
La que se observa desesperada es la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, ante la impotencia de su gobierno por resolver el problema de inundación de vasta zona del Municipio de Chalco sufrido desde hace ya más de 20 días.
De poco sirve que la mandataria estatal visite y ofrezca consuelo a las más de 7 mil personas afectadas en sus dos mil viviendas si el problema de anegación no se resuelve y, con las mantenidas intensas lluvias, hasta se puede agravar el problema no sólo material sino también sanitario.
Lo más delicado es que no hallan cómo quitar el tapón de basura que impide el desalojo del agua y se pueda concluir en breve el colector solidaridad que evitaría la repetición de la tragedia que hoy se vive en Chalco.
