-Así lo alertó el presidente de la Conatrib, magistrado Rafael Guerra Álvarez, en reunión de trabajo con integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.
-Respaldado por los titulares de los órganos judiciales locales (25 presentes), se estableció que, en comparación con la implementación del sistema procesal penal acusatorio, ahora tienen la mitad del tiempo para ello, pero con un requerimiento del doble o triple de recursos.
El presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib), magistrado Rafael Guerra Álvarez, expresó la necesidad de que los poderes judiciales locales cuenten con recursos federales de cara a la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCF), ya que actualmente no están previstas partidas presupuestales para ello. Alertó que, de no garantizarse éstas, se incrementa la amenaza de colapso del sistema de impartición de justicia a nivel nacional.
En reunión de trabajo con integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, diputados de todas las fracciones parlamentarias expresaron su respaldo a las necesidades presupuestarias de los tribunales, y el presidente de la comisión, Erasmo González Robledo, ofreció un diálogo continuo con la Conatrib para garantizar la correcta implementación del CNPCF.
A nombre de la Conatrib, su tesorero, Sergio Fontes Granados, entregó al diputado González Robledo una carpeta preliminar que contiene los requerimientos de cada uno de los poderes judiciales locales para la implementación del CNPCF, que se estima en un monto global de 56 mil millones de pesos para las 32 entidades en los próximos cuatro años.
Veinticinco titulares de poderes judiciales estatales presentes respaldaron al magistrado Guerra en el encuentro, en el cual se puntualizó que, comparado con la implementación del sistema penal acusatorio, para la relativa al CNPCF las judicaturas locales tienen la mitad del tiempo, cuatro años, con un requerimiento presupuestal que será del doble o el triple del que necesitaron para aquella.
En un inédito acto en la Cámara de Diputados, el magistrado Guerra advirtió a los legisladores que el artículo transitorio sexto del CNPCF no prevé partidas presupuestales federales para la implementación del citado ordenamiento, y, en cambio, autoriza que sean los congresos locales los que se encarguen de la asignación de los recursos pertinentes.
“Esta disposición es violatoria del derecho humano de acceso a la justicia y la tutela efectiva, además de atentar contra la autonomía e independencia jurisdiccional, financiera y orgánica de los poderes judiciales, lesionando la división de poderes en nuestro sistema democrático, en virtud de que impide generar condiciones de igualdad y calidad en todos los tribunales del país para alcanzar con ello un mejor Estado constitucional de derecho”, subrayó.
La Conatrib, respetuosamente y en franco respeto a la división de poderes, expresó Guerra Álvarez, quiere sensibilizarlos sobre la importancia de reformar los transitorios del CNPCF, así como la autorización de recursos federales y locales suficientes para implementar la aplicación del mismo.
El magistrado subrayó que con el nuevo código se desarrollará un sistema de impartición de justicia sustentado en audiencias, tanto para la primera como la segunda instancia, lo que precisa del aprovechamiento de tecnologías de la información con la que se garantice mayor acceso y calidad en el trámite de procedimientos jurisdiccionales.
Abundó que un poder judicial sólido y fuerte debe contar con los recursos presupuestales, financieros y operativos que garanticen la solución pronta, expedita y digna del conflicto y la paz social, con el fin de establecer condiciones dignas de igualdad y de calidad para prestar sus servicios de impartición de justicia.
En el actual esquema previsto para la implementación, insistió Guerra Álvarez, tampoco se garantiza que los poderes judiciales locales cuenten con los recursos financieros, humanos, de infraestructura y de capacitación, necesarios y suficientes, ya que, aún con la naturaleza nacional del sistema de impartición de justicia civil y familiar, deja que sea local la decisión de cuántos recursos se destinarán para tal efecto.
Añadió que para aplicar el citado código, que da la oportunidad de romper paradigmas y viejas prácticas, a fin de acelerar procedimientos y mejorar la impartición de justicia, se requerirá generar capacitación, modificar los sistemas de gestión de trabajo, de salas, de casos y audiencias, así como el desarrollo de trámites que aseguren mayor comunicación entre juzgadores y justiciables.
Durante la intervención de presidentes y presidentas de poderes judiciales locales, se enfatizó que para la implementación del sistema procesal penal acusatorio se les autorizaron partidas presupuestales especiales del 2011 al 2016.
Se puntualizó que las materias civil y familiar ocupan el grueso del trabajo de las jurisdicciones local, como en el caso de Baja California, donde se radican anualmente en promedio 60,000 expedientes, frente a sólo 22,000 de la rama penal; o en Campeche, donde la materia familiar ocupa el 55 por ciento del trabajo, frente al 12 por ciento de la penal.
También se mencionó la carga de trabajo de las judicaturas locales frente a la del Poder Judicial de la Federación, en proporción de 70 y 30 por ciento respectivamente, con un presupuesto anual para las primeras que no llega ni a la mitad de lo que se le asigna anualmente al segundo.
Esta implementación quedará en un “sueño o en una ilusión”, se advirtió, si no se etiquetan los recursos federales necesarios en los ejercicios fiscales de aquí a la fecha de entrada en vigor del citado código, cuya vacatio legis es de cuatro años.
Durante la intervención de los legisladores, se señaló que “recursos sí hay y lo que hace falta es voluntad” para canalizarlos; además, los diputados abrieron la posibilidad de gestionar encuentros con la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
En la reunión de trabajo, intervinieron los titulares de los tribunales superiores de justicia de Zacatecas, Arturo Nahle García; de Baja California, Alejandro Fragozo López; de Campeche, Virginia Leticia Lizama Centurión; de Coahuila, Felipe Mery Ayup; de Colima, Juan Carlos Montes Montes; de Durango, Yolanda de la Torre Valdez; de Guerrero, Raymundo Casarrubias Vázquez; de Hidalgo, Rebeca Aladro Echeverría, de Jalisco, Daniel Espinosa Licón.
Asimismo, de Michoacán, Jorge Reséndiz García; de Nayarit, Rocío González García; de Oaxaca, Eduardo Pinacho Sánchez; de Querétaro, Mariela Ponce Villa; de Sinaloa, Jesús Chávez Rangel; de Sonora, José Luis Moreno Moreno, en representación de Rafael Acuña Griego; de Tamaulipas, David Cerda Zúñiga, y de Tlaxcala, Mary Cruz Cortés Ornelas.
Por los integrantes de la comisión intervinieron la diputada de Morena, Lidia García Anaya; la diputada del PAN, Margarita Zavala Gómez; el diputado del PRI, Marco Antonio Mendoza Bustamante; el diputado del PVEM, Juan Carlos Carrillo Soberanis; el diputado del PT, Reginaldo Sandoval Flores; la diputada del Movimiento Ciudadano, Mirza Flores Gómez, y el diputado del PRD, Miguel Ángel Torres Rosales.
