Sin embargo, para algunos funcionarios la reforma no aplica gracias al artículo tercero transitorio que les permitió mantener su sueldo porque llegaron al cargo antes de la reforma.

Tal es el caso presentado en meses pasados de la alcaldesa priísta Denisse Ugalde Alegría, quien tenía un salario mensual de 169 mil 660 peso, pero en diciembre de 2017 la cifra subió a 538 mil 579, de acuerdo al portal de transparencia y al reporte de remuneraciones mensuales del ayuntamiento.

Los estados no están libres de este desfalco presupuestal, prueba de ello en el estado de Michoacán el salario del presidente municipal del municipio de Coahuayana el cual percibe un salario de más de 32 mil pesos cuando su municipio cuenta con poco más de 14 mil habitantes, de la misma forma, el presidente municipal de Ecuandureo cuenta con un salario asignado de más de 66 mil pesos en un municipio de 12 mil 800 habitantes.

La legislatura publicó el 15 de febrero, en la Gaceta del Gobierno del Estado de México, su propuesta del tabulador salarial para los 125 presidentes municipales, a fin de que se apeguen a los principios de austeridad, racionalidad y congruencia a la situación que enfrenta el país.

No obstante, se sigue violentando la Constitución en materia de pensiones, percepciones, bonos, salarios, sobresueldos y privilegios de la llamada “alta burocracia”, que contrastan con los ingresos, carencias y necesidades de la mayoría de la población.

En muchos de los casos un mes de salario de un funcionario significa lo percibido en un año por parte de un trabajador, por lo que es urgente realizar una adecuación que permita un equilibrio y evite que estas percepciones erosionen las finanzas públicas del país.

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 18 de julio de 2018