Viernes Diciembre 15, 2017

AUNQUE PESE

Triángulo Criminal.- La abierta penetración del crimen organizado en territorio nacional no es de años recientes sino al menos de hace 30 años.

Desde entonces a la fecha gobiernos priístas y panistas, federales, estatales y municipales sólo han permitido crecer las bandas criminales y visto pasear capos y sicarios libremente por estados como Baja California, Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Jalisco, México, Durango, Veracruz, Michoacán, Colima, Guerrero, casi todos los de la República mexicana.

Hace 15 años, el presidente Felipe Calderón llamó al ejército mexicano a enfrentar directa y abiertamente (siempre la Defensa Nacional ha participado en la detención, aseguramiento y quema de droga) al crimen organizado, al declararle la guerra.

A partir del 2007 la delincuencia en el país no fue mitigada, por el contrario creció masivamente en número, aumentó su territorio cubierto, penetró instituciones de los tres órdenes de gobierno y diversificó actividades. Ya no solo tráfico de drogas, sino trata de personas, extorsión, secuestro, robo, asalto, prostitución, contrabando, piratería, etc.

Así recibió el Presidente Enrique Peña Nieto el país y así lo ha mantenido, con un crimen organizado en expansión, si acaso ha logrado pacificaciones parciales de algunas ciudades o regiones a cambio de mayor violencia en otras zonas.

Hoy se observa un peligroso triángulo criminal entre los estados de México, Guerrero, Michoacán que no ha sido desactivado, sino por el contrario crece en fuerza, violencia y penetración de gobiernos municipales, estatales y de instituciones federales, incluidos segmentos del ejército y de policías federales.

En Guerrero y Michoacán es reconocida la penetración delincuencial (la creación de la figura de Comisionado Especial para la Seguridad en el segundo y la matanza de Ayotzinapa en el primero, son sendos ejemplos), sin embargo el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, insiste en negar la realidad.

Al parecer no le bastan los graves hechos de Tlatlaya (evidencian acciones criminales ejecutadas por militares), las frecuentes ejecuciones en municipios de la entidad y los centenares de feminicidios, principalmente la zona conurbada al Distrito Federal.

Ese triángulo del crimen y el hartazgo de la población por la violencia, la injusticia y las violaciones a los derechos humanos son los que hoy tienen en jaque a la Presidencia de la República y sus débiles instituciones.

SUSURROS.- Con una comisión de padres de los desaparecidos de Ayotzinapa ante el Comité de las Naciones Unidad contra las Desapariciones Forzadas que se desarrolla en Ginebra, Suiza; la aparición de más de 600 policías comunitarios en las inmediaciones de Chilpancingo para enfrentar al crimen organizado y el enfrentamiento del sábado en Michoacán entre policías y templarios con saldo de cinco muertos, el procurador Jesús Murillo Karam no podrá descansar como seguramente deseaba tras su “aplastante” informe sobre los hechos de Iguala… Por cierto, resulta una burla que el Presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Jaime Rochín, tenga un sueldo bruto anual de 2 millones 100 mil pesos, mientas el Fondo de Ayuda y Reparación de Daños para Víctimas sea de solo 500 mil pesos… Dice el periódico del Arzobispado que “uno de los aspectos que sigue lastimando cruelmente a la ciudadanía es el escandaloso financiamiento y la descomunal asignación de recursos a los diez partidos políticos nacionales lo que causa la justa indignación de la mayoría de los electores, quienes día tras día luchan por sobrevivir con salarios míseros”. Igual indigna la opulencia y el lujo en que vive el alto clero católico en México, ¿o no?

 

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