Diario Ejecutivo
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SCT: precisiones y reiteraciones
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Oceanografía ¿Un bien para quién?
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Findes, Nafin, Goldcorp, HR, ABM, Scotiabank
En mi entrega pasada escribí aquí una tesis en el sentido de que cuando un profesionista no cumple con su trabajo quien lo contrata está en posición de correrlo, como se dice coloquialmente. Y lamentaba que no fuera el caso de los funcionarios públicos, quienes pueden cometer errores y continuar en el cargo.
Expuse como ejemplo el del secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, por su responsabilidad en el caso de la caída del satélite Centenario. Recibí de esa dependencia una serie de informaciones que deslindan al funcionario y que a continuación expongo, en forma sintética, como responsabilidad profesional:
1.- La caída del satélite fue un fallo de la empresa International Launch Services (ILS), dedicada a lanzar satélites, y no de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
2.-El contrato para el lanzamiento del satélite Centenario había sido firmado en el sexenio pasado, concretamente en febrero de 2012.
3.-Cambiar de empresa lanzadora de satélites implicaba un gasto de entre 60 y 80 millones de dólares adicionales.
4.- Un comité analizó la viabilidad de cambiar el contrato a pesar del gasto, pero decidió mantener el programa como estaba previsto.
5.- La empresa ILS tenía en 2012 un récord de 95% de éxito en sus lanzamientos.
6.- El programa completo de tres satélites (Bicentenario, Centenario y Morelos III) equivale a mil 200 millones de dólares, por lo que el accidente del fin de semana no significa esta suma.
7.- México no tendrá pérdidas, porque existe un seguro con la firma británica Marsh, que costó 50 millones de dólares y cubre la totalidad del satélite.
Hasta aquí las precisiones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, las cuales, por cierto, fueron explicadas a la prensa desde la madrugada del día del accidente, sin romper los protocolos que debían guardarse ante la aseguradora.
Sin embargo, haciendo una investigación propia encontré varios datos que vale la pena que conozca el lector. Uno de ellos es que de 2012, fecha en que se firmó el contrato con ILS, hasta antes del intento fallido del satélite Centenario, esta empresa había tenido cuatro fallas.
Paralelamente esa empresa, en agosto pasado, decidió despedir al 25 por ciento de su personal, por lo que el lanzamiento del satélite mexicano se hizo ya con una crisis de por medio. Aun así, el comité decidió continuar con el contrato.
¿Cuál fue el error del secretario de Comunicaciones y Transportes? Con base en todos los anteriores datos, parece que ninguno.
Y si hubo errores no digo yo: este martes, en su espacio de El Universal, Javier Tejado Dondé, una de las personas que más sabe de telecomunicaciones (incluso por su relación con Televisa), decía dos cosas: una, que el secretario Ruiz Esparza trató de "sobrevender el lanzamiento". Dos, que el programa de satélites ha costado a los mexicanos 10,600 millones de pesos más de que había planeado en un principio.
Reitero mi tesis inicial: ¿Por qué si cuando contratamos a un profesional podemos correrlo si no cumple, no sucede lo mismo con los funcionarios públicos? Probablemente Ruiz Esparza mantiene una responsabilidad jurídicamente intachable en este caso, como me lo hizo ver un amigo en un debate en Facebook por mi columna anterior, pero mantiene una responsabilidad ante la sociedad.
¿Por qué tanta prisa?
Este martes, el juez Felipe Consuelo Soto (el mismo del caso Mexicana de Aviación) aprobó un convenio para que Oceanografía salga del concurso mercantil y comience a operar normalmente, a pesar de los escándalos en los que se vio envuelta y que la llevaron a la cárcel a su propietario Amado Yáñez.
De acuerdo con la información oficial, hubo un acuerdo entre los acreedores que representan el 66.8 por ciento de las deudas de la empresa. El juez se basó en un total de adeudos por dos mil 93 millones de pesos y quienes lo suscribieron representan un total de mil 336 millones.
Según el juez, la decisión "toma en cuenta que la concursada, por ser una unidad económica productiva, es importante, por los efectos financieros que conlleva en el orden económico nacional; además, de que es fuente de trabajo; por lo que, si actúa de buena fe junto con los acreedores al proponer un convenio que cumpla con las normas aplicables, deberá ser preservada en lo posible, toda vez que resultará mucho más conveniente para todos los interesados en el concurso, que la empresa como tal, continúe funcionando ya saneada".
Varias cosas llaman la atención: en primer lugar que la institución encargada de la administración de Oceanografía, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), de Gabriel Orozco, no estuvo de acuerdo con el levantamiento del concurso mercantil. Otra, que tampoco firmaron el IMSS, Banamex ni Petróleos Mexicanos.
Hace unas semanas, en un informe ante el Poder Legislativo, Orozco señaló que se habían liquidado a cuatro mil trabajadores y se trabajaba sólo con mil 500 y que se tenían 204 acreedores, con 245 créditos y un adeudo reconocido e 14 mil 394 millones de pesos.
Ahí dijo que la empresa, no puede competir en licitaciones de Pemex, pues no cumple con los requisitos que exige a sus proveedores. "El futuro de la empresa está francamente comprometido" porque 95 por ciento de sus recursos provienen de contratos sostenidos con Pemex.
De hecho, en febrero de 2014 Oceanografía fue inhabilitada por 21 meses y 12 días de los procesos de contratación del Gobierno mexicano, luego de que Petróleos Mexicanos encontró en una revisión interna irregularidades en contratos con la firma. El juez Soto removió esa restricción en ese momento y ahora levantó el concurso mercantil.
El concurso mercantil (o proceso de quiebra) duró menos de un año (315 días), cuando en la mayoría de los casos dura dos o tres años. ¿Por qué la prisa? ¿Por qué no tomar en cuenta la opinión de los acreedores públicos como el IMSS y Pemex? ¿Por qué no tomar en cuenta al SAE como administrador? ¿Por qué solo resolver deudas que equivalen a menos del 10 por ciento del total?
Tianguis
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