Sábado Noviembre 25, 2017

 ENSAMBLE URBANO

Mancera electorero

 

Campesinos sí, maestros no, parece ser el mensaje que los gobiernos federal y de la Ciudad de México dieron el pasado lunes al recibir gustosos a miles de hombres y  mujeres del campo que se pronunciaron en contra de la políticas agraria y agrícola del país.

Esta copiosa manifestación no solo sí fue aceptada en el Zócalo capitalino sino hasta contó con la participación del Jefe del Gobierno de la ciudad, Miguel Ángel Mancera y del secretario de Agricultura, José Calzada, quienes demagógicamente aprovecharon a la multitud para jalar los reflectores y ofrecer lo que no van a cumplir, respaldo a las justas demandas de los campesinos.

Calzada dijo reconocer la deuda histórica que el gobierno federal tiene con los hombres del campo, mientras que Mancera, con visión electorera, ofreció a las agrupaciones campesinas una alianza y una agenda en favor del campo mexicano impulsada desde la ciudad de México, y que desde luego, le permita tener bandera nacional para su próxima campaña presidencial.

Ambos funcionarios, lejos están de cumplir su ofrecimiento más aún cuando los manifestantes del llamado Frente Auténtico del Campo (FAT) representan organizaciones campesinas lejanas al gobierno como la Unión Nacional de Trabajadores del Campo (UNTA), la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), la Coalición de Organizaciones Democrática, Urbanas y Campesinas (CODUC) y el Movimiento Social por la Tierra (MST).

Los campesinos manifestantes exigen, por ejemplo, construir un nuevo pacto social para terminar con la dependencia alimentaria, proteger a los ejidos y comunidades, eliminar los subsidios y beneficios a las grandes empresas nacionales, trasnacionales y monopolios que concentran la producción y comercialización de los productos.

En el mitin, en el que recordaron el aniversario del natalicio del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata, los trabajadores del agro, sostuvieron que “el Estado rompió el pacto social que nació en la Constitución de 1917, e implantó una política neoliberal cuyos resultados se reflejan en la importación de 45 por ciento de los alimentos que se consumen en el país; en la aplicación de una política rural en beneficio de los grandes agroempresarios y trasnacionales, además de la ausencia del crédito para más de 4 millones de pequeños productores.

 ¿Acaso, en todo ello estará de acuerdo Calzada?

O el jefe de Gobierno estará dispuesto a ser realmente de izquierda y solidarizarse con la lucha campesina que también exige “el rescate y el fortalecimiento de las escuelas rurales, desde el nivel básico al superior’’, además de advertir a las cúpulas empresariales serenar ‘‘sus ánimos; sabemos de qué lado están y a quiénes sirven’’, y a los políticos que ‘‘la corrupción y las complicidades están a punto de convertir al país en un Estado fallido, que está rebasado por la violencia creciente’’.

Desde luego que no, todo fue acto circense de malabaristas de la política que solo buscan llevar agua a su molino.

AMBIENTES Y BARRIOS

Otros oportunistas son los del Partido Nueva Alianza que ahora buscan lucrar políticamente con la cifra negra de casi 500 asesinatos registrados en los microbuses en los últimos tres años con una propuesta de reforma al Reglamento de Tránsito que obligue al gobierno y a los  concesionarios del transporte público a contratar un seguro de vida para todos los usuarios. Claro que esto sería bueno, pero el diputado local panalista, Juan Gabriel Corchado, solo busca notoriedad con algo que sabe no logrará. ¡Ah! Y también pide cámaras y botones de pánico en cada unidad.

El cuento de las nuevas placas automotrices exclusivas para guaruras solo provocarán más abusos y excesos de estos “guardianes de millonetas” que harán de la nueva identificación su mayor patente de corzo, además de ser una acción discriminatoria para otras instancias de seguridad privada existentes. Según, se pedirá contar con varios requisitos, como tener permiso, autorización o licencia para prestar servicios de seguridad privada en la modalidad de Seguridad y Protección Personal; tener aval o permiso de las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de la Ciudad de México; obtener el formato de solicitud para el alta vehicular en el Centro de Atención y Registro de la Seguridad Privada (Caresep). Todo ello, de darse, le abrirá el camino de privilegios, amén de fomentar  la prepotencia y la afectación al resto de la ciudadanía. Ojalá y no se implementen.

 

 

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