Sábado Agosto 19, 2017

AUNQUE PESE

Impunidad marca del régimen

El caso del pevemista Arturo Escobar se suma a los innumerables sucedidos de impunidad en esta administración.

La forma vil y  cruel en que fue sometido el fiscal de delitos electorales, Santiago Nieto Castillo, al exhibírsele como mentiroso por ocultar en su currículo entregado al Senador, que trabajó como asesor del PRD, fue la burda operación para desactivar la denuncia y solicitud de orden de aprensión contra el, hasta ese momento, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana.

En los hechos nada debió haber influido el ocultamiento de Nieto en la acusación a Escobar, pero la presión política funcionó y toda prueba se desvaneció en la Procuraduría General de la República, de doña Areli Gómez, quien ahora tiene en su mano una presión adicional contra Nieto, la denuncia del ex subsecretario por “exhibir información confidencial”.

Lo sucedido anula toda capacidad de los llamados “órganos autónomos” de actuar con libertad e independencia contra cualquier funcionario del Poder Ejecutivo, a menos que haya consigna al respeto. 

Evidencia también el total y absoluto sometimiento en que se encuentran (por las buenas o por las malas como fue éste caso) todos estos “órganos autónomos”  y también los poderes Legislativo y Judicial, en los cuales se acaba de dar prueba  de su sumisión al ser elegidos los dos nuevos Ministros de la Corte a conveniencia del Presidente de la República, quien penas meses atrás impuso también como Ministro a otro incondicional, Eduardo Medina Mora.

Así, todos llámese INE, CNDH, INAI, o cual sea, deben entender que el único que manda es el Ejecutivo Federal, que las leyes y ordenamientos están hechos o de adecuan  al cumplimiento de su voluntad.

No importa que se presenten pruebas de los ilícitos, que la evidencia sea tan clara como irrefutable lo único que impera es la impunidad, la marca del régimen.

Susurros.-  Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes; Juan Apolinar Mena, secretario de Transportes del Edomex,; Luz María Zarza, Consejera Jurídica del Edomex; Emilio Lozoya, director general de Pemex , y Enrique Ochoa Reza, director general de la CFE, están en la lista de funcionarios públicos involucrados en grabaciones reveladas de llamadas telefónicas en las que se comprometen a favorecer con multimillonarios contratos a la constructora española OHL, que en México encabeza José  Andrés de Oteiza. Se sabe que Ruíz Esparza se ha entrevistado  en secreto con el director general de OHL, Juan Manuel Villar Mir y con Oteiza. De acuerdo al INAI, la SCT y demás dependencias deberán informar sobre los días, hora, lugar y frecuencia en que lo funcionarios en mención se entrevistaron con directivos de la empresa española. La más reciente adjudicación para OHL fue en marzo d 2014 por 9 mil 500 millones de pesos para la construcción de la autopista Atizapán-Atlacomulco. Realmente son pocas las esperanzas de que se llegue a fondo y mucho menos a sancionar a responsables de los cochupos. Ya veremos…  Alarmante resulta que en la iniciativa de Ley que el Ejecutivo Federal envió al Senado de la República para “prevenir, investigar y sancionar la tortura”, en el fondo se quiera legitimar para el Estado estas penosas prácticas. El texto de la iniciativa, según reveló una información de El Economista, incluye un artículo en el que se advierte: "No se considerarán tortura ni tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes contempladas en esta ley, las penas o sufrimientos físicos o psicológicos que sean únicamente consecuencia de medidas legales impuestas por autoridad competente o las inherentes a éstas, o de las derivadas del uso legítimo de la fuerza de conformidad con lo previsto en la legislación aplicable". Absurdo y amenazante.

 

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