Lunes Septiembre 25, 2017

 

Polémica en torno al fuego de Ayotzinapa

 ¿Se va o no el GIEI?
esa es la pregunta

De última hora el vocero presidencial, Eduardo Sánchez, y la jefa de la oficina de la Canciller, Ana Barbosa, dieron una rueda de prensa conjunta para unificar posturas

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La permanencia en México del denominado Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014 se convirtió ya en un tira y afloja entre el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), del que depende la misión de investigadores.

La víspera, el vocero de la Presidencia de la República, Eduardo Sánchez, afirmó que no habrá extensión del mandato del G EI), que concluye el 30 de abril próximo.

Sánchez realizó el anuncio en una conferencia de prensa conjunta con Ana Paola Barbosa, jefa de la oficina de la Canciller a pesar de que no es una decisión que competa al Gobierno federal sino a la CIDH.

Sin embargo, Barbosa  negó que haya una ruptura entre el Gobierno federal y el GIEI y explicó que ellos llegaron a México a solicitud del Gobierno mexicano.

"El diálogo es muy estrecho con ellos. No hablamos de ningún tipo de ruptura, todo lo contrario", dijo.

Pero si la  CIDH decide concluir el mandato del GIEI que indaga el caso Ayotzinapa en México, debe establecer mecanismos de seguimiento a sus recomendaciones.
Humberto Guerrero, abogado de Fundar, Centro de Análisis, hizo esta petición en el marco de las audiencias públicas sobre México en la CIDH.
Guerrero también lamentó que el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se pronunciara sobre el fin del mandato del GIEI, cuando eso es una facultad de la CIDH.

Hace unos días, Osorio Chong, dijo que el trabajo en México del GIEI concluirá los últimos días de abril, cuando venza el plazo ampliado para la coadyuvancia y asesoría al Estado mexicano en el caso Ayotzinapa.

Ante las diversas peticiones, especialmente de familiares de los 43 estudiantes desaparecidos, para que los expertos continúen con su trabajo, el funcionario dijo que su participación está definida hasta abril.

“Estamos dentro del plazo, estamos trabajando en el plazo que se les dio. Creo que lo que se tiene que hacer es acelerar el trabajo que vienen realizando”, dijo Osorio Chong.

En octubre de 2015, la CIDH decidió aceptar la propuesta del gobierno de México de que el GIEI permaneciera seis meses más en el país.

La decisión prolongó la presencia de los integrantes del GIEI hasta el 30 de abril de 2016, sin descartarse la posibilidad de una ampliación mayor, como expresaron algunos miembros del grupo, que colabora en las investigaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas.

La extensión del mandato fue propuesta por el gobierno de México después de que el grupo presentó su informe preliminar sobre las investigaciones de los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en el estado de Guerrero.

El anuncio vino dos días después de que el secretario de Gobernación dijo que si el GIEI negaba la versión de las autoridades mexicanas acerca de la incineración de los estudiantes en el basurero de Cocula, debían explicar lo que sí ocurrió.

"Los especialistas vienen como coadyuvantes para encontrar esa verdad y que si están aquí nos den las líneas que van a investigar y que nos lleven a esas conclusiones para dárselas todos juntos a los padres y a los mexicanos, no sólo que digan si estuvo bien o si no estuvo bien la investigación (de las autoridades mexicanas), si no que nos den líneas y nos digan qué sucedió en Ayotzinapa", dijo Osorio Chong entonces.

 En medio de la polémica, esta semana la PGR aseguró que su intención es seguir colaborando con el GIEI para indagar el caso Iguala, no obstante que éste anunció que ya no lo haría, por las circunstancias en que fue difundido el tercer peritaje del basurero de Cocula.
"La PGR subraya su obligación y compromiso con los padres de los jóvenes, con el cumplimiento irrestricto de la ley y la transparencia; y mantiene su convicción de seguir colaborando con el GIEI, en el marco de la asistencia técnica contemplada en su mandato de coadyuvancia", dijo la dependencia en un comunicado.
"La PGR hará del conocimiento del panel colegiado de expertos en fuego la petición del GIEI para obtener mayores detalles del estudio".
Pero el GIEI anunció que ya no será coadyuvante de la PGR en la investigación forense que lleva a cabo para determinar si los normalistas plagiados en Iguala el 26 de septiembre de 2014 fueron incinerados en el basurero de Cocula.
Cabe decir que este fin de mes culmina la coadyuvancia del GIEI en la investigación del caso Iguala, conforme el acuerdo denominado "Los objetivos a cumplir para la nueva investigación sobre el presunto incendio ocurrido en el basurero del Municipio de Cocula, Guerrero", suscrito el pasado 25 de enero con las autoridades mexicanas.

El grupo dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) cuestionó sin embargo la difusión del resultado del estudio forense, porque en su opinión es provisional, en virtud de que aún faltan otros dictámenes, y viola el acuerdo suscrito con la PGR, que obligaba a elaborar un informe consensado y definitivo.
Contrario a lo que sostiene el GIEI, la PGR respondió que el tercer peritaje sobre el basurero de Cocula es conclusivo y que los análisis que restan por practicarse sólo serán complementarios.
La dependencia estableció que las conclusiones del panel de expertos que elaboró el referido dictamen de fuego, dadas a conocer por un representante de los forenses, están contempladas dentro de los objetivos del convenio suscrito entre el GIEI y la PGR.
El peritaje de la discordia determinó que sí hubo un incendio de grandes dimensiones en el basurero de Cocula y que al menos 17 personas adultas fueron quemadas en el lugar.
"Adicionalmente a esos hallazgos conclusivos, el grupo colegiado recomendó: 'realizar más pruebas en las próximas semanas, con el propósito de corroborar científicamente si es posible llevar a cabo la quema de 43 cuerpos humanos adultos'.
"Estas pruebas serán complementarias a las conclusiones que determinaron que sí hubo un evento de fuego controlado", respondió la Procuraduría.
La PGR expuso que, dentro de los objetivos del acuerdo con el GIEI, se estableció determinar la presencia o ausencia de episodios de fuego en el basurero de Cocula y las características que pudieran evaluarse de los mismos.
Otra de las cláusulas del convenio era analizar y verificar si dichos eventos ocurrieron como lo narraron los acusados en sus testimonios ministeriales -la incineración de 43 cuerpos durante 16 horas-, con la degradación de restos óseos y materia no biológica encontrados en el lugar como resultado.
Según la PGR, las conclusiones que establecen la existencia de la conflagración y la incineración de al menos 17 personas en el basurero de Cocula, el 26 y 27 de septiembre, se ajustan a las dos cláusulas del acuerdo suscrito con el GIEI.
"La Procuraduría reitera que la investigación sobre el caso Iguala sigue abierta, y no se escatimarán esfuerzos hasta poner a disposición de la autoridad jurisdiccional a todos los probables responsables de estos lamentables hechos", señaló.
Mas diputados de Oposición acusaron que en el Gobierno y en el Congreso existe un endurecimiento respecto del trabajo del GIEI y la investigación en torno a la desaparición de los 43 estudiantes normalistas.

La presidenta de la Comisión que da seguimiento al caso en la Cámara de Diputados, la panista Guadalupe Murguía, dijo que al interior de este grupo de trabajo este endurecimiento ha llevado incluso a que una mayoría bloquee la discusión de ciertos temas al rechazarlos desde la orden del día.
En la sesión del último miércoles, del orden del día no fue aceptada una propuesta en la que la Comisión expresaba su respaldo al trabajo del GIEI y exhortaba a las autoridades a que le dieran continuidad a su gestión mientras la investigación de la desaparición de los estudiantes permanezca abierta.
También, el bloque mayoritario conformado por el PRI, Partido Verde, Nueva Alianza y Partido Encuentro Social, rechazaron que se hiciera un exhorto a la PGR para que investigue a los autores intelectuales de los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014, cuando los normalistas fueron detenidos y desaparecidos por policías municipales de Iguala y Cocula, Guerrero.
"Desafortunadamente la posición de los grupos parlamentarios se ha venido endureciendo a lo largo de las semanas y meses. En esta Comisión empezamos buscando consensos, buscando acuerdos, con apertura de todos los grupos y hoy la posición ha sido de utilizar el voto ponderado para bajar asuntos del orden del día o simple y sencillamente en el mejor de los casos votarlos en contra", dijo Murguía.
La diputada perredista Cristina Gaytán y el legislador por Movimiento Ciudadano, Víctor Sánchez, también acusaron la existencia de este endurecimiento, el cual coincide con la reunión que tendrán los integrantes de la Comisión con el ex Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam.
Durante la discusión del orden del día, Gaytán acusó a la diputada priista Silvia Rivera de querer reventar la sesión, luego que se arrebataran la palabra, pues esta última recordó que el PRD era quien gobernaba en Iguala y Guerrero cuando ocurrieron los hechos.
En tanto, la perredista reprochó que el Alcalde priista de Cocula no fue encarcelado a pesar de que su Policía participó en la desaparición de los jóvenes.

En tanto, y por considerar que los resultados informados sobre el nuevo peritaje en el basurero de Cocula son inconclusos, inválidos y sólo generan confusión, el GIEI dijo que ya no colaborará más con la PGR en ese aspecto. 

Los cinco integrantes del grupo brindaron una conferencia de prensa en la que manifestaron que el GIEI siempre estuvo en contra de informar públicamente datos que no eran concluyentes.
 "El GIEI advirtió a la PGR que no se podía hacer una comunicación pública de algo provisional, que no habíamos leído y que esa no era una decisión que les correspondiera a los peritos de fuego sino a la PGR y al GIEI", señaló Francisco Cox. 
Alejandro Valencia recordó que el acuerdo firmado entre la PGR y el Grupo incluía la petición a los peritos de fuego de un informe conclusivo, con base en el consenso y con la posibilidad de que, si no existía tal, se señalaran las opiniones discrepantes, lo cual no ha ocurrido. 
Acusaron además que ellos no han podido conocer el informe completo del grupo colegiado de expertos en fuego, por lo que pidieron a la PGR una reunión con ellos, que se dará este viernes.
 "Dado el carácter preliminar del documento entregado, los propios peritos han señalado que se necesitan otros estudios para responder a las preguntas planteadas con fiabilidad. 
"Por lo tanto, no hay conclusiones, y el GIEI no va a contribuir a aumentar la confusión difundiendo aspectos preliminares sobre un problema delicado y complejo", sentenció Claudia Paz y Paz. 
La guatemalteca hizo hincapié en que los expertos en fuego aún no tienen respuestas concretas en torno a las preguntas centrales que se les pidió responder, como la cantidad de energía necesaria para quemar cuerpos a la intemperie o validar si una pira como la señalada puede cremar un cuerpo. 
"La difusión pública de un documento provisional que no responde a estas cuestiones centrales, es una irresponsabilidad en un tema que toca tanto los derechos de las víctimas como los criterios de investigación científica. 
"La utilización política de esta cuestión muestra una enorme irresponsabilidad y muy poca sensibilidad por el derecho a la verdad de los familiares, de México y del mundo entero, para el que el caso Ayotzinapa se ha convertido en una referencia", agregó. 
En tanto, Carlos Beristain lamentó que esta decisión fuera tomada por una alta instancia del Estado mexicano, pues llevó a la revictimización de las familias de los normalistas de Ayotzinapa. 
Los integrantes del GIEI señalaron que en adelante se enfocarán en concluir su próximo informe, el cual presentarán a finales de mes, antes de que termine su segundo mandato en México. 
"Para que hechos como éste no se den nunca más, hemos alertado a las más altas autoridades de México de los cambios estructurales que se necesitan. Incluyendo el cambio en las mentalidades. El ejemplo de lo sucedido en estos días muestra una de las caras de lo que tiene que cambiar", dijo Beristain. 
"¿Cuál es el afán de todo esto? Lo desconocemos totalmente. Mostramos a la Procuraduría nuestra perplejidad. No entendemos por qué esto se hace, por qué se quiebran las reglas, por qué se pasa por encima de los consensos, por qué no se toma en cuenta a los familiares en estos proceso, no lo podemos comprender y hemos pedido una explicación de quién ha tomado esta decisión".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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COLATERALES
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El primer acuerdo entre el

GIEI y el estado mexicano

El 19 de octubre 2015, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) llegó a compromisos con el Estado mexicano. Durante la audiencia pública del 20 de octubre ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el GIEI presentó los resultados del Informe Ayotzinapa y dio lectura a los compromisos incluidos en el acuerdo firmado con el Estado mexicano.

A partir de la publicación del Informe Ayotzinapa el 6 de septiembre de 2015, el GIEI propuso al Estado los siguientes acuerdos que consideró básicos para su mandato:

1. Sacar la investigación de la SEIDO de forma inmediata, proporcionando toda la información existente a un nuevo equipo de investigación en la Subprocuraduría de derechos humanos, el cual llevará la segunda parte de investigación de forma exclusiva.

2. En relación con la propuesta de la PGR de realizar un nuevo estudio sobre la dinámica del fuego del basurero de Cocula, se acuerda que: a) se establezcan de común acuerdo los objetivos y condiciones para llevarlo a cabo, b) se tome de forma conjunta la decisión sobre los perfiles y la elección definitiva de los peritos, c) se consense el modo en que se realizará el estudio.

3. La conformación de un nuevo equipo de investigación con experiencia así como de confianza con la procuradora y con el propio GIEI. El proceso será acompañado por los representantes de las víctimas para facilitar una actitud positiva frente al compromiso en la investigación y las respuestas a las víctimas.

4. Integrar el informe del GIEI en la investigación del caso. Esto significa: a) evaluar las implicaciones del informe en la investigación de los hechos, b) dar seguimiento a las recomendaciones para la investigación. El GIEI colaborará en las recomendaciones y orientaciones para dicho equipo tanto sobre las cuestiones que se encuentran en su informe Ayotzinapa, como otras que están siendo deliberadas por el Grupo.

5. A partir de dichas condiciones, planificar de forma conjunta una ruta de investigación tomando en cuenta las informaciones existentes y las nuevas líneas incluidas en el informe. Se establecerá un mecanismo de coordinación periódico, incluyendo: a) la información sobre diligencias a realizar que sean relevantes para el caso y las líneas de investigación acordadas, b) la observancia o participación del GIEI en las cuestiones que estime relevantes y que decrete la PGR, según el marco legal y el papel de coadyuvancia en algunas de ellas, c) la evaluación del conjunto de las nuevas diligencias, peritos y peritajes y declaraciones para establecer los nuevos hechos probados o las hipótesis del caso y los pasos a dar en nuevas consignaciones.

6. Relanzar la búsqueda con las autoridades competentes con una estrategia basada en las líneas señaladas por el GIEI, incluyendo el uso de la tecnología y el mapa de fosas y otros lugares identificados, estableciendo una ruta de acciones acordada con los familiares.

7. La relación con el nuevo equipo de la PGR y las demás instituciones se formalizará mediante minutas de las reuniones con el GIEI, estableciendo los acuerdos y la forma de seguimiento de los mismos tanto por parte de la PGR como de las instancias implicadas en la búsqueda y en la atención a las víctimas.

8. El Grupo proporcionará a la PGR un documento de trabajo para llevar a cabo la investigación y búsqueda, así como ha proporcionado un documento de criterios sobre atención a las víctimas.

9. Los pasos a dar en la atención a las víctimas se llevarán a cabo de acuerdo con el GIEI y los representantes de las víctimas, estableciendo las medidas de valoración del daño, el avance progresivo en las medidas de atención en salud, apoyo social, así como el derecho a la reparación y a la información que asiste a los familiares, incluyendo el reconocimiento, el derecho a la verdad y el acompañamiento en la búsqueda de justicia.

10. El Estado se compromete a mantener la confidencialidad de la información sobre nuevos resultados de la investigación hasta transmitir la información a los familiares, previamente a cualquier comunicación pública, así como a tener un mecanismo de comunicación periódico y directo con las familias.

Preguntas del GIEI

al Ejército mexicano

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ha solicitado al gobierno federal entrevistar a los elementos del Batallón 27 de Infantería que tuvieron conocimiento de las agresiones armadas, la detención y la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 y la madrugada de 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. 

 Ante la negativa de las autoridades mexicanas, el GIEI publicó en sus cuenta de Twitter (@GIEIAYOTZINAPA) algunas preguntas a los miembros del Ejército, las cuales ayudarían en la investigación.

“Preguntas al 27 Batallón sobre el momento de los hechos: ¿Por qué manejaron información restringida en el C4 esa noche? #InformeGIEI”, publicaron.

 Hay dos periodos durante la noche del 26 y la madrugada 27 de septiembre de 2014 en los que no se registraron comunicaciones en el C-4, que coinciden con el tiempo posterior al primer ataque a los normalistas en la calle Juan N. Álvarez y el segundo ataque cuando los estudiantes daban una conferencia de prensa.

 Se controló la información en el C-4 y quedó documentado por el coordinador de Protección Civil del Estado de la Zona Norte de Guerrero, quien dirigió un reporte al subsecretario de Protección Civil del municipio de Iguala, en el que dio cuenta de la actividad inusual, indicó que la noche del 26 de septiembre la Sedena manejó información de forma restringida en el C-4.

El reporte del 27 de septiembre de 2014 dice que “así mismo el despachador del C-4 sigue indagando sobre más información, pero existe información que se le restringe ya que dicha información es manejada por personal de la Sedena”.

“Preguntas al 27 Batallón: si no reportaron la detención de jóvenes por parte de la policía de Iguala, ¿por qué no lo hicieron? #InformeGIEI”, cuestionan.

Entre las 22:00 y 23:00 horas del 26 de septiembre de 2014, un agente de inteligencia militar vestido de civil y a bordo de una motocicleta, fue testigo de lo que sucedió frente al Palacio de Justicia: las agresiones, detención y desaparición de los normalistas que viajaban el autobús Estrella de Oro 1531, de los cual informó a sus superiores del Batallón 27.

“El militar declaró que los jóvenes estaban gritando: ‘Pinches policías, Ayotzi Vive’ Mientras la policía gritaba: ‘bájense, hijos de la chingada, si no les va a ir peor’. EM fue testigo de cómo unos 10 jóvenes eran bajados del autobús, esposados y tirados agresivamente al piso. De todo ello informó a su superior inmediato, el teniente TG”, señala el informe del GIEI.

El soldado EM volvió a Palacio de Justicia con el comandante JMC: "seguía el autobús Estrella de Oro, pero ya no había nadie".

El 3 de diciembre de 2014, ante PGR el agente de inteligencia militar relató en su declaración que tomó 4 o 5 fotografías de ese momento con su celular, y que entregó un reporte de los hechos y las imágenes al teniente TG, y posteriormente informó al capitán C.

Los mandos del Batallón 27 no proporcionaron las fotografías que tomó el soldado a la PGR.

“Si el 27 Batallón supo de la detención en Palacio de Justicia, fue a la policía y no vio a los jóvenes, ¿qué hizo con la información?”, es otra pregunta que el GIEI requiere hacerle a los integrantes del Ejército, y agrega

El Batallón 27, incluido el comandante JMC, supo que los jóvenes fueron detenidos por policía de Iguala, como lo reportó EM. El cabo RSE acompañó a EM y JMC al Palacio de Justicia, y después se dirigieron a las barandillas de la policía municipal.

El oficial de barandilla, Ulises Bernabé, en declaró ante la PGR que esa noche (26 de septiembre de 2014) hay seis detenidos por ebriedad, el último ingresó a las 21:20 horas, no mencionó la detención de los normalistas:

“Después de este detenido, señala él se va a ver televisión, hasta las 23:30 que un tal Maximiliano le avisa que hay personal del 27 batallón en la comandancia. Quien se entrevista con él es el Capitán Crespo le pregunta por una moto blanca, le dice que no la ha visto, mientras le pide revisar la Comandancia. Señala que la revisan los militares, ven los seis detenidos, y que a las 23h45 se fueron. 0:50 llega Felipe Flores y el subprocurador, solo estaban los seis detenidos, según él nunca llegan los estudiantes detenidos”.

Semanas después elementos del Batallón 27 comenzaron a hostigar a Ulises Bernabé, por lo que tuvo que salir de Iguala y buscar refugio en Estados Unidos. El GIEI lo entrevistó en un Centro de Detención de Migrantes:

“Recibí amenazas, posteriormente, mi casa fue allanada por personas vestidas de civil que se presentaron como policías y tuvo más visitas de la policía y presencia de patrullas militares en la calle. Me entero por parte de mi familia que los militares iban mucho, constantemente se estacionaban frente a la casa, tomaban fotos de la casa y le preguntaban a vecinos por mí, que si sabían dónde estaba yo, que si sabían qué hacía yo, dónde estaba. Cuando yo declaro en el Ministerio Público Federal, en noviembre, se hizo más constante la presencia de los militares en mi domicilio”, declaró Ulises Bernabé, quien pidió asilo político a Estados Unidos.

Reacio titular de Sedena

a interrogatorios del GIEI

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el general Salvador Cienfuegos Zepeda, advirtió a legisladores de la Comisión Especial del Caso Ayotzinapa en octubre de 2015 que el trabajo de sus soldados podrá someterse al escrutinio legislativo siempre que eso ocurra con un superior a su lado para evitar “intimidaciones”.

Durante dos horas y media, Cienfuegos y altos mandos de la Sedena —el general Gilberto Hernández Andreu, oficial mayor; el encargado del Área Jurídica, general Alejandro Ramos; y el director de Derechos Humanos, general José Carlos Beltrán Benítez— se impusieron ante la mayoría de los diputados federales.

De entrada, prácticamente catearon a los legisladores para evitar que entraran a las instalaciones de la Defensa con celulares, grabadoras o cámaras. Además, impidieron que sus asesores los acompañaran.

La que hubiera podido ser una tersa reunión entre diputados federales y el titular de la Sedena y sus subalternos se convirtió en una dura crítica por parte de dos diputados federales: Víctor Sánchez, de Movimiento Ciudadano, y Araceli Damián, de Morena, quienes desentonaron en el “cordial” encuentro.

“Displicente”, “soberbio” —como lo calificaron— y con todo lo que el uniforme de cuatro estrellas puede provocar ante sus interlocutores, Cienfuegos Zepeda se impuso a los legisladores advirtiéndoles que él sólo le reporta al Presidente de la República y sólo se somete a los tribunales del orden común y del fuero federal, nunca a organismos extranjeros.

A los ocho miembros de la Comisión Especial les dijo que los militares no declaraban ante el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “pero que con mucho gusto se reportan a las instituciones y a los poderes de México”.

“¡Entonces hágalo realidad, general secretario, y permita que entremos al 27 Batallón!”, se atrevió a decir Damián.

Con su voz pausada, la diputada sorprendió a Cienfuegos, quien manifestó su disposición para que los miembros de la Comisión Especial de Ayotzinapa ingresen por vez primera a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería en Iguala y puedan interrogar a sus miembros.

Pero Beltrán Benítez paró en seco el entusiasmo de los diputados. “Habría que ver en calidad de qué los interrogarán, cómo va a quedar la declaración de los soldados, porque en términos de derechos humanos también (sic) podríamos violárselos”.

Damián calificó la advertencia de “penosa”, pues sostuvo que “si finalmente no hay nada que ocultar y el Ejército actuó de manera ejemplar, como nos lo dijeron en esa reunión, no deberían tener miedo a que los soldados declaren sin acompañamiento, pues podría ser a la inversa: que los superiores intimiden a los soldados y limiten sus declaraciones”.

 

 

 

 

 

 

 

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Con impunidad, saqueo y corrupción en psiquiátrico

Se desploma el país a ojos de extranjeros

Focos rojos por avance de autodefensas al centro

Conasami, una burla para los trabajadores

A punto de explotar epidemias por comer excremento animal

Fracasa la ley antilavado, se blanquean $3 billones al año

Un asco el servicio de Telcel, Movistar, Iusacell y Nextel

Congreso voraz, abusivo y opaco, con su presupuesto

México una vergüenza mundial, campeón en pornografía infantil

Volver a licitar costará al país cientos de millones de pesos

Deschamps, el legislador Más improductivo y opaco

Se perfila un conflicto en tribunales con los chinos

A fuerza de denuncia, rectifica; tren México-Querétaro

Clan Salinas obtuvo ferrocarril México-Querétaro y elevó costo

Atacan enfermedades de la pobreza

Pemex dispara burocracia

Impune cadena mortal en Edomex por asbesto

Psicosis por ébola, en Salud no quieren atender pacientes

Pega cambio climático

Realidad de menores

Senadora del PRD y diputado de PT siguen en la impunidad

Políticos de PRI, PAN y PRD provocaron la catástrofe

De Pronasol a Prospera, perdida lucha vs pobreza

Eruviel solapa turbio negocio en el Nevado

Luis Téllez, primero en torcer reforma energética

Fracasa reforma laboral, no logra meta de empleo

Voracidad y atropellos a clientes deja a bancos jugosas ganancias

México, donde más se trabaja y se paga menos; efecto de reforma

Suicidios sin freno; grave problema de salud pública

Drama en psiquiátricos; casas del terror por su abandono

La legislatura más cara; a billetazos pasan leyes

Instituto de Migración, una cloaca sin remedio

Ven afuera corrupción Por reforma energética

Con impunidad, gaseras piratas se apoderan del mercado en DF

Autoridades quedan a deber en seguridad

Esfuman ahorros de trabajadores; tienen perdidas supermillonarias

Engaño criminal de la Sedesol a vulnerables

Unificarán instituciones de salud y habrá una privatización parcial

Terror por tráfico de órganos de menores desaparecidos

Revivirán transa y corrupción del sindicato ferrocarrilero

GDF pide hacer ejercicio pero cobran por hacerlo

Cuesta 2 mil mdp tener a presos sin sentencia

Suman 50 mil huérfanos de lucha contra el crimen

Fracasaron escuelas de tiempo completo

Los capitalinos a merced del crimen por indolencia de GDF

Llegar a tercera edad, condena de vejaciones, maltratos y abandono

Transas sobre damnificados

Más pobres muere de hambre

Sangran al Congreso

Enloda derechos el ombudsman

Impunidad de Oceanografía

Maestros festejarán su día

Iniciativas pueriles en el Congreso

50 mil huérfanos

Sin leyes, la IP & Pemex2

Reta magnate republicano Donald Trump al gobierno de Peña Nieto

Una incógnita el futuro de la CFE como empresa de clase mundial