Jueves Marzo 30, 2017

FernandoCÚPULA POLÍTICA

EL LEGISLATIVO, PODER SUMISO

  • Como se esperaba, el "Si", sin cambio a veto de EPN
  • Palabrería hueca de los líderes panistas y perredistas
  • Quedó la "3 de 3", como una ley simulada vs corruptos
  • No será obligatorio el publicitar bienes de funcionarios
  • No se incluyó a líderes obreros, jueces, ministros, etc.
  • Seguirá opacidad de manejos millonarios del Congreso
  • Los diputados de México, de los más caros del mundo
  • En 40 años, en el país se triplicó la cifra de legisladores
  • Da "empleo" cada diputado a 30 personas (familiares)
  • Hasta 50 millones de pesos cuesta un legislador, aqui
  • Ni Japón, Alemania, Canadá, Chile o Colombia gastan tanto

 

En broma o no, el panista Jorge Luis Preciado soltó la frase: "El cargo de legislador (senador) dura 6 años, pero la vergüenza toda la vida". 

Estas palabras que pronunció, cuando fue designado por su amigo Gustavo Madero como jefe de los senadores blanquiazules en la Cámara Alta, en la lucha intestina en la que se vio envuelto cuando su compañero de partido, Ernesto Cordero, no quería dejar el cargo y con ello perder todas las canonjías económicas que otorga Emilio Gamboa Patrón a los coordinadores de las fracciones parlamentarias -suman más de 400 millones de pesos, cada año, a repartir entre los llamados representantes del pueblo-, las ha de estar cavilando porque él mismo fue partícipe del golpe traidor que se le asestó a la Ley 3 de 3 que obligaría a los servidores públicos (desde el Presidente de la República hasta el más humilde jefe de oficina en toda la estructura burocrática nacional, dirigentes sindicales, jueces, ministros y a los propios diputados y senadores locales y federales, a publicitar sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal, para tratar de acabar con la corrupción y la impunidad en México. 

Tanto Jorge Luis Preciado, como sus compañeros del PAN: Adriana Dávila Fernández -ni siquiera se presentó a pasar lista--, Héctor Larios y José María Martínez Martínez, se ausentaron de la sesión en la que se tenía previsto el imponer la fuerza del bloque del PAN y PRD para modificar el Artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas que contemplaba cambios sustanciales para meter a la transparencia total a la función pública, la vida sindical y la de los propios legisladores que, como se ha denunciado por los medios de comunicación se enriquecen vertiginosamente y logran amasar fortunas multimillonarias en escasos períodos de tiempo. 

Esta "vergüenza" que durará toda la vida también abarca a los perredistas Alejandra Roldán, Benjamín Robles Montoya y Luz  María Beristáin Navarrete, quienes se salieron al baño al momento de la sesión, al igual que los del blanquiazul arriba citados, para que sus votos no contaran y poderse imponer el PRI y el PVEM con 59 votos en contra, con 51 de los del PAN  y del PRD que buscaban sacar la reforma trascendental en favor de la lucha contra la corrupción. 

Abonaron a esta traición a esta cruzada que empezaron 634 mil firmantes de la llamada "Ley 3 de 3", que la exigieron al Congreso de la Unión para elevarla a grado de ley, la hoy ex corredora y militante del PT, Ana Gabriela Guevara, quien se abstuvo de votar, y sus compañeros del mismo partido que está, generalmente, al servicio del mejor postor y que se ausentaron como Martha Palafox, quien ni siquiera acudió a reincorporarse a sus actividades como senadora tras de que fracasó su intento de gobernar Tlaxcala. Extrañó, la abstención del senador Manuel Bartlett Díaz, enfundado en el petismo, pero según aclararía posteriormente, es porque su voto ya no cambiaría nada de la votación final. 

No se necesita tener una bola de cristal para intuir por qué los senadores del PAN, PRD y del PT actuaron de esa manera, cuando se sabe de las cantidades multimillonarias que maneja el líder de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Emilio Gamboa Patrón, para comprar los votos de los legisladores rejegos que, supuestamente, no aceptan tener un precio. 

Va un dato que pudiesen ignorar la mayoría de los mexicanos: recientemente con el problema de los altos índices de contaminación que se registraron en la ciudad de México, y que se impuso el doble "Hoy no Circula" hasta en 8 ocasiones, el Senado anuncio la compra de vehículos eléctricos para los 128 integrantes de la llamada Cámara Alta e, inclusive, las armadoras de estos autos, instalaron dos estaciones para que estas unidades pudiesen ser recargadas -con cargo a la nómina senatorial, obvio- y que los lllamados representantes populares no tuvieran ninguna molestia en tratar de hallar un lugar donde recargar las baterías requeridas por estos automotores.

A ello se suma que el Senado no ha reducido su gasto, a pesar de los recortes y también el hecho de que ejerce más de mil 200 millones de pesos sin comprobación entrando en una opacidad insultante de los recursos que extraen de las arcas nacionales. 

 

"BOLAS DE HUMO" 

 

La aprobación de esta ley que fue denominada como "light", "descafeínada", o "coladera" -porque se va a colar por allí toda las actuaciones ilegales y componendas de los servidores públicos, dirigentes sindicales, ministros, diputados y senadores y todos aquellos que sean beneficiados con cargos públicos, iba a provocar desencanto y, como dice el historiador Lorenzo Meyer, "a los priistas se les puede acusar de corruptos, menos de tontos", entonces, idearon en la madrugada, una pésima redacción en la cual se incluyó la obligatoriedad al sector empresarial que recibiese algún contrato del gobierno federal, estatal o municipal, para que se ajustase a la llamada "ley 3 de 3".

En el béisbol se denomina una "bola de humo" y se aprobó tal propuesta que, de paso, serviría para que el gobierno federal se vengara de este sector que tuvo la ocurrencia de encabezar una protesta contra la corrupción del régimen peñista en el Ángel de la Independencia, exigiendo un alto a estas actitudes de los servidores públicos en el país. 

La iniciativa que, como estaba previsto ya que, el PRI tiene mayoría en la Cámara de Diputados -sin buscar apoyos del PAN, PANAL o PRD- al lado de su apéndice legislativo como es el PVEM, se aprobó sin cambios y se envió al Presidente Enrique Peña Nieto para su calificación y promulgación.

Pero, ¡oh, válgame Dios! El Presidente hizo un duro señalamiento contra los legisladores que redactaron, según él, mal las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción y la vetaría, como posteriormente se dio a conocer por Humberto Castillejos, el asesor jurídico presidencial.  

Emilio Gamboa Patrón se apresuró a recibir el regaño y a reconocer que estaba mal la ley, pero, el Ejecutivo sólo hizo las correcciones a la referente al artículo 32, donde se incluía la obligatoriedad del sector empresarial a hacer su declaración "3 de 3" y, también conforme a la Constitución, la regresó para que en un período extraordinario se corrigiese. Al Jefe del Ejecutivo se le olvidó incluir modificaciones al artículo 29 que, como se explica líneas arriba, contemplaba la obligatoriedad de que todos los servidores públicos, líderes sindicales, ministros, diputados, senadores, etc., debían hacer públicas sus declaraciones patrimoniales, de bienes, autos, propiedades, de intereses con empresas constructoras, comercializadoras, etc., así como el acompañar con la declaración fiscal, todo lo devengado, conforme lo dictan las autoridades hacendarias. 

Este martes 5 de julio, los senadores en una sesión fast track, le dieron el "Sí" a la propuesta del Ejecutivo de exentar a todos aquellos que reciban un contrato del gobierno federal, estatal o municipal, de presentar su declaración "3 de 3", ya que esto implicaría, que se recibieran más de 35 millones de declaraciones que serían imposibles de separar o estudiar por alquien en la Secretaría de la Función Pública, ya que estaría obligado a hacer este trámite aquel simple proveedor que le vendiese  350 pesos en papelería. 

La "bola de humo" que ideó Emilio Gamboa funcionó para tratar de disimular el que se aprobó una ley que, como lo dijese la senadora perredista, Dolores Padierna, será una "coladera" para dejar pasar todas las irregularidades en las declaraciones de los servidores públicos, porque al no publicitarse públicamente no se puede dar seguimiento a un enriquecimiento ilícito de quien incurre en estas prácticas nocivas para el erario. 

 

SUMISIÓN, LA REGLA 

 

Aunque se ha limitado el sistema presidencialista en México, la realidad es que el poder legislativo es sumiso frente al Poder Ejecutivo. 

Análisis hechos por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) revelan cosas que deberían de preocupar a quienes votamos en cada uno de los procesos electorales en el país, con respecto a la conformación y operación de los Congresos locales en nuestro país. 

De esta manera, los Congreso locales ejercen presupuestos multimillonarios y en algunos casos los gastos son superiores a los que tienen países del primer mundo. 

Las Cámaras de diputados de Colombia, Chile, Japón, Canadá, Alemania, entre otras naciones, tienen un gasto menor a los que se tienen los Congreso locales mexicanos. 

Para muestra un botón: la Asamblea Legislativa del Distrito Federal destina hasta 50 millones de pesos por diputado, mientras que Holanda, por ejemplo, eroga apenas un 20 millones de pesos por sus congresistas. 

IMCO destaca que en cinco congresos locales como serían la Ciudad de México, Baja California, Estado de México, Sonora y Jalisco, los recursos asignados por diputado es superior a la Cámara de Diputados federal. 

Además de ello, la mayor parte del dinero que gastan los congresistas locales al año (un 57.7 por ciento) se destina a la remuneración del personal, o sea, que los diputados meten en la nómina a parientes, esposas, amantes, etc., etc.,con cargo al dinero del pueblo, al de todos los mexicanos. 

 

SE TRIPLICA LA CIFRA 

 

Este estudio de referencia revela que en las últimas cuatro dècadas, el número de diputados se triplicó, al pasar de 369 en 1974 a mil 125 en este 2016. Habría que darle un aplauso al estado de Baja California ya que tiene la menor cantidad de diputados locales como son 21, mientras que el Estado de México y la Ciudad de México son las entidades que poseen el mayor número con 75 y 66 diputados locales asambleístas. 

En este documento del IMCO se señala otro dato significativo: los parlamentos locales, que deberían actuar como un poder de contrapeso del Ejecutivo o gobernante en turno, ya sea Presidente de la República, Jefe de Gobierno del DF o Ciudad de México, o Gobernador, acatan sumisamente los designios de  estos personajes. 

De acuerdo al estudio, en 22 congresos locales se aprobaron el 80 por ciento de las iniciativas del gobernador y de esos estados en ocho congresos aprobaron la totalidad de las propuestas de los gobernantes en turno. 

La burocracia también atrapa a las legislaturas locales. 

Se establece que, en promedio, existen 11 plazas por diputado. Los colimenses tienen dos empleados por legislador, mientras que en el estado de Morelos y en la Ciudad de México hay 25 y 30 por cada supuesto representante popular, respectivamente. 

Otra cosa que debe de preocuparnos: este análisis de IMCO revela que "no existe información clara y completa"  de los diputados, por lo que no se puede medir su desempeño. 

Como sentenciara Jorge Luis Preciado, el panista que regresó al senado, tras fracasar en su intento de gobernar Colima, "el cargo de legislador (senador) dura seis años, pero la vergüenza toda la vida". 

Al menos, en el caso de la "ley 3 de 3", la vergüenza les va durar toda la vida a senadores y diputados que echaron para atrás las propuestas de transparencia y de real combate a la corrupción, como lo plantearon en su exigencia 634 mil mexicanos que propusieron esta iniciativa que fracturaron los legisladores y le dio la puntilla el Presidente Peña. 

     

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