Jueves Julio 27, 2017

 

Persisten desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y tortura

Gestión de Peña repela por

informe crítico de las CIDH

Más de 151 mil homicidios y 26 mil desapariciones en los últimos nueve años marcan la grave crisis en materia de derechos humanos.....

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El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto reaccionó de inmediato con una rotunda negativa al informe más reciente de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), según el cual México atraviesa por una profunda crisis  en materia de derechos humanos y violencia, lo que nubló las expectativas presidenciales del titular de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, responsable de esta parte crítica de la gobernanza nacional.

De hecho, la Secretaría de Gobernación, con el apoyo de la Procuraduría General de la República (PGR) y la cancillería,  buscó descalificar cuanto antes el informe de 236 páginas de la CIDH, sustentado en un trabajo hecho en el país por expertos del organismo con sede en Washington entre el 28 de septiembre y el dos de octubre de 2015.

Pero la historia del pataleo del gobierno no es nueva. Un despacho informativo de la agencia noticiosa española EFE planteó el domingo último la pregunta de ¿por qué el gobierno mexicano insiste en negar la grave crisis de derechos humanos que sufre el país, a pesar de las demoledoras cifras oficiales que así lo confirman y la existencia de casos como el de los 43 estudiantes de Ayotzinapa?

Es una cuestión de imagen o simple obcecación”, planteó.

La fuente recordó que al presentar las conclusiones de su visita a México a finales de 2015, la CIDH pidió al gobierno de Peña Nieto reconocer la gravedad de la situación que enfrenta el país y no “minimizarla hablando de casos aislados”.

 Pero esto último es lo que justamente ha hecho el Ejecutivo, que repitió la misma receta que utilizó hace un año cuando el relator de la ONU sobre la Tortura, Juan Méndez, afirmó que esa práctica es generalizada en el país y ocurre en un contexto de impunidad.

 En aquel momento el gobierno rechazó la palabra “generalizada” y llegó al extremo de acusar al relator argentino de no ser “profesional y ético”, unas palabras que Méndez recibió como un “ataque personal”.

El cruce entre las partes siguió durante un mes hasta que el gobierno dio por zanjadas las diferencias tras hacer un llamado a “voltear la página y mirar hacia adelante” para atender el tema y dejar la puerta abierta a una nueva visita del relator que aún no está concretada.

Cifras oficiales hablan por sí solas: 26 mil 798 personas están desaparecidas, muchas de ellas a manos de agentes del Estado, la tasas de homicidios es superior a 10 por cada 100 mil  habitantes y el 98 por ciento de los delitos no llega a tener una sentencia condenatoria.

Esos números reflejan una tragedia que toca a miles de mexicanos: la imposibilidad de acceder a la justicia, ya sea porque las autoridades son omisas, incompetentes o cómplices y realizan investigaciones plagadas de irregularidades que no llevan a la verdad.

Quince meses después de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa a manos de policías a sueldo del crimen organizado en Guerrero, un caso que generó gran indignación dentro y fuera del país, este no solo sigue sin resolverse, sino que ya se repitió en otra zona del país.

Justo esta semana fuentes del gobierno confirmaron que un policía de Veracruz dijo que los cinco jóvenes que desaparecieron en enero pasado en el municipio de Tierra Blanca fueron quemados, sus restos triturados y lanzados a un pequeño río.

Aunque las autoridades aún deben demostrar con pruebas la veracidad de dicho testimonio, la tragedia de Iguala parece repetirse.

En ambos casos los jóvenes fueron detenidos por policías y entregados a miembros del crimen organizado. Y también, según las declaraciones de testigos o autores materiales, asesinados, sus restos incinerados y lanzados a un río.

Pero los familiares no creen en dichas versiones -en el caso de Ayotzinapa la llamada “verdad histórica” ya ha sido cuestionada por forenses argentinos y por los expertos nombrados por la CIDH-, piden pruebas científicas y que siga la búsqueda de sus hijos con vida.

En su respuesta a la CIDH, el gobierno defendió avances en materia legislativa, que a decir de las ONG se han quedado en el papel, y reiteró que “trabaja constantemente para  garantizar la seguridad”, promover el respeto a “los derechos humanos y mejorar el acceso a la justicia”.

El Ejecutivo aún se opone a que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) entreviste a los militares del batallón de Iguala que fueron testigos de lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014, uno de los puntos en los que ha insistido la CIDH.

En opinión de organizaciones de derechos humanos, desde el Estado se apuesta al olvido; no existe la voluntad para aclarar los hechos y sancionar a los responsables, como tampoco para generar las condiciones para evitar la repetición.

Más de un centenar de ONG llamaron al gobierno a aceptar el diagnóstico de la CIDH y advirtieron que ignorar las recomendaciones supondría, una vez más, “el desdén gubernamental hacia una política real que tienda a erradicar las violaciones a los derechos humanos”.

El izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) dijo que el primer paso para afrontar el problema es reconocer sus dimensiones y pidió una respuesta “responsable” a los mexicanos agraviados por la violencia, la inseguridad, la tortura y las desapariciones.

En su informe anual la CIDH  afirmó que las desaparición de los 43 normalistas de Aytozinapa es ‘‘un ejemplo emblemático de la aparente colusión entre agentes del Estado e integrantes del crimen organizado’’, y subraya que es muestra de las ‘‘graves deficiencias’’ de las investigaciones en este tipo de casos, como la ‘‘impunidad estructural y casi absoluta’’ en los graves crímenes que ocurren en el país.

‘‘México atraviesa una grave crisis de violencia y de seguridad desde hace varios años’’, en gran medida por la ‘‘guerra contra el narcotráfico’’ impulsada por el ex presidente Felipe Calderón, y al aumentar el papel de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública se ha ‘‘desatado aún mayor violencia, así como violaciones graves a los derechos humanos en la que se observa una falta de rendición de cuentas conforme a los estándares internacionales’’, señala el extenso informe anual titulado Situación de los derechos humanos en México, emitido hoy por la CIDH.

En un resumen de las violaciones de derechos humanos y la impunidad, el informe subraya que bajo el régimen actual no se ofrecieron ‘‘cambios sustanciales’’ en políticas de seguridad, mientras continúan desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y tortura, así como inseguridad de mujeres, migrantes, defensores de derechos humanos y periodistas.

Aunque reconoce las medidas tomadas por el gobierno de Peña Nieto, entre ellas algunas reformas constitucionales y protocolos para investigaciones de ciertos abusos de derechos humanos, indica que ‘‘la respuesta estatal enfrenta deficiencias, insuficiencias y obstáculos en su implementación. La CIDH constató una profunda brecha entre el andamiaje legislativo y judicial y la realidad cotidiana que viven millones de personas en el país en su acceso a la justicia, prevención del delito y otras iniciativas gubernamentales. Una y otra vez, en todo el país, la CIDH escuchó de las víctimas que la procuración de justicia es una simulación’’.

De hecho, subraya que a pesar del cambio de gobierno a fines de 2012, ‘‘no habría cambios sustanciales en relación con las políticas de seguridad y los niveles de violencia’’, y resalta sobre todo las denuncias de desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, tortura e inseguridad de ciudadanos, pero en especial de mujeres, migrantes, defensores de derechos humanos y periodistas.

Afirma que ‘‘México es considerado, además, uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, exceptuando aquellos que están en guerra’’. Cita al Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre la cifra de 151 mil 233 homicidios desde 2006 hasta agosto de 2015. Además, señala que al 30 de septiembre de 2015 el Estado mexicano reportaba 26 mil 798 personas ‘‘no localizadas’’ o desaparecidas a escala nacional.

En torno a las desapariciones, ‘‘fenómeno no nuevo’’, la CIDH considera ‘‘grave’’ la información sobre ‘‘la existencia de una práctica de desapariciones forzadas a manos de agentes del Estado’’, o con su participación y una impunidad casi total.

Criticó las fallas en las investigaciones sobre desapariciones y subrayó que ‘‘la actual crisis de graves violaciones de derechos humanos que atraviesa México es en parte consecuencia de la impunidad que persiste desde la guerra sucia y que ha propiciado su repetición hasta hoy’’. Más aún, afirma que familiares de víctimas tienen renuencia de acudir a las autoridades, tanto por sospechas de complicidad como por falta de atención.

‘‘Los hallazgos por los familiares de fosas con decenas de cadáveres resaltan que son ellos quienes ante la inoperancia del Estado han asumido la búsqueda de sus seres queridos, mientras que las autoridades no cumplen con su deber de investigar, encontrar, identificar y entregar a las víctimas con debida diligencia, como corresponde’’.

El informe también se enfoca sobre el uso de violencia por agentes del Estado, incluyendo los casos de Tlatlaya, estado de México, en 2014; el de Apatzingán, y el enfrentamiento en límites entre Tanhuato y Ecuandureo, Michoacán, en 2015, resaltando la necesidad de medidas para la rendición de cuentas por autoridades.

‘‘La práctica de la tortura es alarmante en México’’, y también es ‘‘generalizada’’, declara el informe. Según cifras oficiales, la Procuraduría General de la República (PGR) cuenta, al mes de abril de 2015, con 2 mil 420 investigaciones en trámite sobre tortura, pero existen sólo 15 sentencias condenatorias por ese delito a escala federal. Agrega que en la investigación de los hechos en Iguala –aún con su alto perfil– 77 por ciento de las personas investigadas mostraban lesiones corporales.

En su diagnóstico, la Comisión Interamericana señala que ‘‘la falta de acceso a la justicia ha creado una situación de impunidad de carácter estructural que tiene el efecto de perpetuar y en ciertos casos impulsar la repetición de las graves violaciones a los derechos humanos. Las amenazas, hostigamientos, asesinatos y desapariciones de personas que buscan verdad y justicia han generado un amedrentamiento en la sociedad mexicana’’.

Concluye que ‘‘En la actualidad, el reto del Estado mexicano es cerrar la brecha existente entre su marco normativo y su apoyo irrestricto a los derechos humanos con la realidad que experimentan gran número de habitantes cuando buscan una justicia pronta y efectiva. El gran desafío del Estado radica en romper el ciclo de impunidad imperante a fin de lograr una efectiva prevención, investigación, procesamiento y sanción de los responsables de violaciones de derechos humanos’’.

 

 

 

 

 

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COLATERALES
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El gobierno ataja el problema al argumentar "metodología"

La canciller  Claudia Ruiz Massieu reafirmó el repudio del gobierno federal al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación de los derechos humanos y de la violencia en México, con el argumento de que “no compartimos la metodología que dio origen” al documento de 236 páginas que recién publicó el organismo regional.

En el reporte “Situación de los derechos humanos en México 2015”, la CIDH subrayó que las políticas de seguridad de las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto agravaron las violaciones a los derechos humanos “hasta alcanzar niveles alarmantes”; además, condenó la “falta de rendición de cuentas conforme a los estándares internacionales”.

Asimismo, planteó que la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa es “un ejemplo emblemático de la aparente colusión entre agentes federales del Estado e integrantes del crimen organizado”, aparte de que “es una muestra de las graves deficiencias que sufren las investigaciones sobre estos hechos y la impunidad estructural y casi absoluta en que suelen quedar estos graves crímenes”.

En reacción al informe, la Procuraduría General de la República (PGR) y las secretarías de Gobernación (Segob) y de Relaciones Exteriores (SRE) emitieron un boletín para plantear, una vez más, que el reporte de la CIDH “no refleja la situación general del país” e “ignora más de cincuenta años de avances, desafíos, cambios estructurales y procesos de un país como México”.

También reviraron que “el Estado mexicano fue enfático en afirmar que en nuestro país no se vive una crisis de derechos humanos”, y que la CIDH “desestimó los avances” que el gobierno de Peña Nieto impulsó en los últimos años.

Con estas definiciones, persistieron las descalificaciones al informe. El gobierno, incluso, aseveró que la metodología tenía un “sesgo inicial”, calificó de “sin fundamento” las conclusiones, y acusó a la CIDH de utilizar la información recabada durante su visita “de manera parcial”.

Amplio historial de negación

de señalamientos adversos

El gobierno de Peña Nieto cuenta con un amplio historial de negación ante los señalamientos de organismos internacionales sobre la crisis de derechos humanos en México.

En febrero de 2015, por ejemplo, la SRE descalificó las conclusiones del Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas, con el mismo argumento de que “no reflejan adecuadamente la información presentada por México”.

En el siguiente mes de marzo, el gobierno mexicano criticó a Juan Méndez, relator de la ONU sobre tortura, cuyo informe señaló que en México el uso de la tortura era “generalizado”.

Luego, el representante de México en Ginebra, Jorge Lomónaco, planteó que las observaciones del relator “no reflejan los enormes esfuerzos que ha desplegado” México en la materia y criticó las aseveraciones “sin congruencia” del experto.

En enero pasado, el gobierno envió una carta al New York Times en reacción al editorial que denunció la falta de rendición de cuentas del gobierno mexicano. En la misiva, aseveró que el texto “fracasa en reflejar las acciones concretas que adoptó el gobierno mexicano en los últimos tres años”.

Y, el pasado 14 de enero, la SRE difundió una tarjeta informativa en la que aseveró que el informe anual de Amnistía Internacional (AI)… “no refleja los esfuerzos sin precedentes” que el gobierno emprendió para enfrentar el fenómeno de desaparición forzada.

Por otra parte, el gobierno no podría sostener que las observaciones del relator especial de Derechos Humanos de la ONU Michel Frost “no reflejan” la realidad del país, pues el pasado 25 de febrero la Cancillería canceló la visita del funcionario, prevista para el próximo mes de abril.

Grupos civiles se suman a

críticas sobre los DDHH

Más de un centenar de organizaciones de la sociedad civil  deploraron que ante la publicación del informe sobre la “Situación de derechos humanos en México”, la primera reacción del gobierno a través de su Cancillería, la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República, haya sido la de descalificar al mensajero y la de negar los hechos. Este pronunciamiento forma parte de una serie de rechazos del Estado mexicano hacia las observaciones de organismos internacionales de derechos humanos.

 El pasado 28 de septiembre de 2015 integrantes de la CIDH realizaron una visita a México que terminó el 2 de octubre del mismo año. Tras su estadía en el país y previa documentación de la situación, el día de hoy se publicó su informe sobre la “Situación de derechos humanos en México”. Dicho informe hace referencia no sólo a casos de extrema violencia vivida en México en tiempos recientes, sino que la ubica dentro de un contexto de impunidad imperante desde hace décadas.

Partiendo del establecimiento de un contexto de la violencia generalizada, la CIDH reconoce que las autoridades estatales fuente de esta violencia son la SEDENA, SEMAR, PGR, Procuradurías locales, personal penitenciario y el INM y aduce que “miembros de las fuerzas militares e incluso de ministerios públicos, han sido vinculados con presuntas graves violaciones a los derechos humanos que permanecerían en la impunidad”. En este sentido la CIDH señala que las “fuerzas militares en actividades de seguridad ciudadana se había visto en la década de los años 60 y 70, y posteriormente en los 90 con el movimiento armado en Chiapas”, y que “durante el gobierno del ex presidente Felipe Calderón y el inicio en el 2006 de la llamada ‘guerra contra el narcotráfico’, las graves situaciones de violencia aumentaron hasta alcanzar niveles alarmantes, incluyendo la consecuente pérdida de más de cien mil personas, miles de desapariciones y un contexto que ha provocado el desplazamiento de miles de personas en el país.” En ese sentido, la CIDH recomienda asumir la responsabilidad histórica de rendir cuentas sobre las graves violaciones a los derechos humanos, desde la Guerra Sucia hasta la actualidad.

Las organizaciones llamaron a una postura abierta y constructiva por parte del gobierno, que tenga sus cimientos en el reconocimiento de la crisis generalizada de derechos humanos que vive nuestro país, con la consecuente aceptación incondicional del diagnóstico de la situación y de todas y cada una de las recomendaciones formuladas por la CIDH.

 

 
 
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