Domingo Septiembre 23, 2018

•Nueve ONGs internacionales apoyan

Exigencias internacionales a

seis meses del caso Ayotzinapa

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomienda reclasificar el caso como "desaparición forzada" debido a que agentes del Estado participaron en los ataques la noche del 26 de septiembre en Iguala

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Han pasado seis meses y aún se desconoce el paradero de los 42 estudiantes de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

Hasta ahora solo se han localizado los restos de uno de ellos, Alexander Mora, en un basurero de Cocula, donde supuestamente fueron incinerados los jóvenes. Sin embargo, los otros 42 normalistas no han sido identificados y continúan desaparecidos.

En este tiempo, el caso ha generado indignación, reclamos, críticas hacia las autoridades, detenciones de grupos hamponiles y funcionarios públicos. Ha sido un tema de tanta controversia que ha captado la atención de la comunidad internacional como la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la (OEA).

En horas de la noche de aquel 26 de septiembre de 2014, decenas de estudiantes de la escuela normalista iniciaron una manifestación en contra de la discriminación que sufren en la repartición de plazas en favor de escuelas urbanas por parte del Gobierno local. Policías municipales detuvieron la protesta disparándoles; el saldo fue: seis personas muertas, al menos 25 heridos y 43 estudiantes desaparecidos.

La policía municipal se encargó de detenerlos y los trasladaron a la población de Pueblo Viejo donde fueron entregados al grupo criminal “Guerreros Unidos”, quienes luego de ser detenidos en noviembre pasado, declararon ante las autoridades haber asesinado a los 43 estudiantes, tras lo cual sus cuerpos fueron calcinados en el basurero municipal de Cocula y sus restos lanzados al río San Juan.

La versión de "Guerreros Unidos" fue aceptada por la Procuraduría General de la República (PGR), pero en diciembre pasado fue rechazada por científicos de dos universidades de ese país, que consideraron imposible que se hayan reducido a cenizas 43 cuerpos en el basurero de Cocula. En el sitio solo se identificaron los restos de uno de los normalistas: Alexander Mora. El pasado 20 de enero, expertos del laboratorio de Austria no lograron identificar los otros 42 estudiantes mexicanos mediante el análisis de ADN de restos hallados en Cocula.

Los principales detenidos por el caso fueron el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa María de los Ángeles Pineda, a quienes se les considera como autores intelectuales. Otro de los detenidos fue Noemí Berumen, acusada de encubrimiento. Al cumplirse seis meses de la desaparición de los normalistas, la Procuraduría General de la República (PGR) informó que suman 104 detenidos por el caso, entre ellos 48 policías municipales de Iguala, 16 de Cocula y 10 integrantes del cártel Guerreros Unidos. Algunos de los sicarios detenidos son: el líder de la banda Casarrubias Salgado, Felipe Rodríguez alias “El Cepillo” o “El Terco”, Gildardo López, “El Gil” y Joel Ramón Severiano Martínez, “El Ramoncito”. Además, las autoridades buscan a el secretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores, y el mando de la Dirección de Seguridad Pública municipal, Francisco Salgado Valladares

A finales de enero, en un balance del caso, el exprocurador federal Jesús Murillo Karam dijo que "el análisis lógico causal indica que los estudiantes fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y sus restos arrojados al río San Juan, es la verdad histórica basada en la ciencia".

La investigación concluye que el grupo de narcotraficantes de Guerreros Unidos estaba implicado en una trama delincuencial en la cual "participaban, delincuentes y servidores públicos, especialmente policías encabezados por el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa" junto con casi un centenar de detenidos por el caso.

ONGS exigen justicia y transparencia

Asimismo, nueve organizaciones internacionales de derechos humanos encabezadas por Amnistía Internacional, exigieron recientemente justicia y expresaron "preocupación" frente a muchas interrogantes aún sin respuesta. Llamaron al Gobierno a ofrecer su apoyo a la labor de un grupo interdisciplinario de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) encargado de la revisión del caso y que implemente sus recomendaciones.

La recomendación más notable del organismo interamericano es reclasificar el caso como "desaparición forzada" –y no solo como homicidio y secuestro- debido a que agentes del Estado (al menos policías municipales y un alcalde cómplice de sicarios narcotraficantes) participaron en los ataques la noche del 26 de septiembre en Iguala.

Los expertos piden además continuar la búsqueda de los estudiantes desaparecidos; asegurar la preservación de la evidencia; que el Gobierno otorgue asistencia médica a las personas afectadas por este crimen, incluyendo a familiares de las víctimas y al estudiante de magisterio rural Aldo Gutiérrez, quien continúa en coma por las lesiones sufridas durante los ataques de septiembre.

Las ONG internacionales respaldan además el pedido de garantizar acceso a la CIDH a toda la información que necesite, incluyendo una copia digital del expediente judicial, y una entrevista con los militares del Batallón del Ejército en Iguala, Guerrero, de quienes los familiares tienen sospechas de que actuaron con omisión o algún grado de complicidad.

Otras recomendaciones piden ampliar el uso de imágenes satelitales registradas en las noches del 26 y la madrugada del 27 de septiembre, e instar al Congreso mexicano a aprobar rápidamente legislación sobre desaparición forzada basada en estándares de derecho internacional de los derechos humanos.


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COLATERALES
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En Guerrero hay un riesgo

constante para candidatos 

Grupos delictivos como Los Rojos, Los Ardillos, el Cártel Independiente de Acapulco y Guerreros Unidos, entre otros, mantienen controlado con actividades delictivas gran parte del estdo de Guerrero. Un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) alertó que al menos 64 municipios de Guerrero, donde han emergido los grupos de autodefensa, deben recobrar las funciones de seguridad pública que les fueron arrebatadas por la delincuencia organizada.

Ocho muertos el 27 de marzo

prevalece la inseguridad

Un total de 8 muertos fue el sado de un día de violencia en el estado, hechos registrados en diferentes partes del puerto de Acapulco y Atoyac. Los hechos se dieron en la Colonia Palma Sola, Puerto Marqués, la Colonia Postal y en la colonia Fidel Velázquez así como en otros dos puntos del municipio.

INE contestará petición

de padres de normalistas

El INE responderá por escrito, a más tardar el próximo 4 de abril, el planteamiento que normalistas y familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa hicieran sobre la imposibilidad de que se lleven a cabo elecciones en Guerrero el próximo 7 de junio.

 

 

 

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