El Gobierno del Estado de Quintana Roo, que encabeza Carlos Joaquín González, transfirió el año pasado 4.8 millones de pesos del erario a cuentas de terceros no identificados, señaló la Auditoría Superior de la Federación en su informe de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017.

Redacción VisionMX

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió en 2017 al Gobierno estatal 560 millones de pesos para la ejecución de obras de infraestructura en sus zonas metropolitanas y los centros de población en esa entidad, cuyo objeto es fortalecer el adecuado ordenamiento del territorio regional, metropolitano y urbano, el desarrollo de la infraestructura urbana y su equipamiento; mejorar la movilidad y las condiciones de vida en los centros de población con el acceso a los servicios de salud, educación, cultura física, esparcimiento, vialidades, agua potable y saneamiento.

Del total de obras que la Auditoría seleccionó para su estudio, el 25 por ciento de ellas aún se encuentran inconclusas.

Además, en la erogación de otros 1.7 millones de pesos no se contó con el soporte documental y se observaron daños en una obra por 4.7 millones de pesos.

“Se constató que de los 559,979.8 miles de pesos ministrados al Gobierno del Estado de Quintana Roo, se comprometieron recursos por 550,049.6 miles de pesos y 9,930.2 miles de pesos no se comprometieron ni vincularon con compromisos formales de pago en el ejercicio fiscal para el que fueron asignados.

“También se comprobaron deficiencias de supervisión en el control de la obra pública y atrasos en el programa de ejecución, lo que ocasiona el incumplimiento de los alcances establecidos contractualmente”, se lee en el dictamen de una de las auditorías realizada por la dependencia federal.

Asimismo, en la Auditoría de Cumplimiento Financiero, realizada también al Gobierno del estado, se identificaron errores en las transferencias y control de los recursos de las participaciones federales hacia los municipios. Debido a la intervención de la ASF, se logró recuperar 1.8 millones de pesos correspondientes a deducciones no justificadas.

Otra de las inspecciones de la contabilidad gubernamental arrojó que el Instituto de Infraestructura Física Educativa (Ifeqroo) realizó pagos con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 2017 por 10.8 millones de pesos en conceptos de obra no ejecutados: aire acondicionado, media tensión, cancelería, suministro y colación de fachada de cristal. Sin embargo, el monto fue determinado como recuperación probable.

El Ifeqroo también recibió recursos del Programa de Escuelas al CIEN, para ese caso, no presentó evidencia de los informes fiduciarios mensuales, por lo que no fue posible verificar el patrimonio del Fideicomiso por el que se le transfirieron 314.7 millones de pesos.

“Además, se incumplieron en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Programa Escuelas al CIEN, ya que el Gobierno del Estado de Quintana Roo no entregó los formatos Gestión de Proyectos y Avance Financiero del ejercicio fiscal 2017 en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH)”, se lee en el dictamen.

En la fiscalización en la gestión de los recursos federales transferidos al estado a través del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades se encontró que la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), no reintegró a la Tesorería de la Federación (Tesofe) los recursos no ejercidos por 334 mil pesos.

A su vez, se informó que en el transcurso de la revisión de la verificación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal se recuperaron recursos por 18 millones de pesos de la Secretaría de Seguridad estatal con motivo de la intervención de la ASF.

DETECTAN IRREGULARIDADES EN MUNICIPIOS

La Auditoría comunicó que los municipios de Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y Solidaridad carecen de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender riesgos o llevar a cabo un manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF).

En el caso de Lázaro Cárdenas, se especificó, no informó ni documentó la atención y seguimiento de los acuerdos establecidos para la mejora continua de los sistemas de control interno. Tampoco gestionó las acciones necesarias para el abastecimiento de agua potable en un Comedor Comunitario del lugar.