Sábado Agosto 19, 2017

 ENSAMBLE URBANO

Deficiente regulación

Hace menos de 15 días el gobierno capitalino publicó en la Gaceta Oficial el esquema de regulación del servicio privado de pasajeros mediante aplicaciones y plataformas informáticas, conocidos popularmente como Uber, por la empresa que inició este sistema, pero ello no se ha traducido en un real ordenamiento del servicio y mucho menos en la aceptación del mismo por parte de los taxistas tradicionales.
 
La secretaría de Movilidad, ahora bajo el mando de Héctor Serrano, tiene la responsabilidad de regular la actividad de Uber y empresas similares como Cabify  o cualquier otra que pudiera surgir, mediante su registro para la emisión de un permiso, además de cumplir con capacitación para los operadores y seguro.
 
Como obligación los prestadores de estos servicios aportarán el 1.5 por ciento del costo de cada viaje, sin impactarlo de manera directa al usuario, al Fondo para el Taxi de la Movilidad y el Peatón, sin ingresar a la Tesorería, sino que se destinará a mejoras al servicio de taxis y de las propias plataformas.
 
Dentro de la normatividad de esta actividad se prohibió que las unidades de estos sistemas hagan base o sitio en la vía pública, lo cual no es acatado por los choferes de los vehículos de Uber o Cabify.
 
Esto precisamente fue el origen de los hechos violentos que esta semana se registraron en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y que puede ser el inicio de un indeseado conflicto social y político para el Gobierno del Distrito Federal.
 
Quizá el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera se equivocó al apresurarse a “regular” esta actividad, a la cual en realidad deja suelta y sólo sujeta a la buena voluntad para cumplir con las mínimas normas impuestas, muy diferentes a las que se impone a los taxistas regulares.
 
La molestia de las agrupaciones de taxistas es explicable y si Serrano no le entra al problema de lleno, los hechos violentos podrán repetirse y convertirse en un verdadero dolor de cabeza para el gobierno capitalino.
 
Ambientes y Barrios
 
Nadie estima que los cambios en el gabinete dispuestos por el Jefe de Gobierno vayan a dar una mayor gobernabilidad y eficiencia a la administración pública capitalina y por el contrario se prevé mayor dispersión o desorden. En el área de la secretaría de Gobierno no se otorga demasiada confianza a la capacidad y habilidad política de Patricia Mercado, quien ya tiene su primer atorón con los conflictos carcelarios generados en su subsecretaría del Sistema Penitenciario, a cargo de Hazael Ruíz Ortega, que por lo que se ve es intocable. En nada han afectado  a don Hazael, un reo asesinado, otro baleado y el robo de planos de un penal, pero en cabio sí aboyaron imagen de la recién llegada.
 
En los otros cambios tampoco se observa mucha eficiencia pero si mucha grilla y aspiración política. Tanto José Ramón Amieva, desde la Sedeso; Alejandra Barrales, desde la secretaría de Educación y hasta Amalia García, desde la simbólica secretaría del Trabajo, arman ya estrategias pensando en el 2018 con sus nuevas posiciones como meros trampolines. Además los removidos Héctor Serrano y Rosa Icela Rodríguez, pretenden mantener el control de las estructuras armadas por su paso en las secretarias de Gobierno y de Desarrollo Social, respectivamente. ¿Habrá quien los controle y meta en cintura? 
 
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