Lunes Julio 24, 2017

El fenómeno empobrece el país

Corrupción sacude cimientos

del gobierno de Peña Nieto

Expertos estiman que los costos de esta lacra oscilan entre dos y nueve puntos del Producto Interno Bruto (PIB) nacional 

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La corrupción, un fenómeno que en los últimos meses ha sacudido los cimientos del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y que empobrece al país, avanza a pasos agigantados en México, con costos que diversos expertos estiman entre los dos y hasta los nueve puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

En un virtual juego de cifras, el observatorio económico México ¿cómo vamos? sostiene que el fenómeno de la corrupción ha impuesto al país costos del orden de los 341 mil millones de pesos por año a precios actuales.

Los cálculos de esta agrupación tienen como base un indicador del Fondo Monetario Internacional, que mide ese efecto y que establece que un alza de 10 por ciento en la corrupción genera una pérdida de dos por ciento en el crecimiento del PIB.

Viridiana Ríos, directora general del observatorio, menciona que el grado  de corrupción representó 15 por ciento de la inversión pública en 2014.

Julio A. Millán Bojalil, presidente del Grupo Corporación Azteca (Coraza), estima que cada año la corrupción cuesta al país un monto equivalente a cuatro por ciento del PIB, una cifra que se acerca al cinco por ciento del PIB que aporta la producción del sector agropecuario nacional.

María Amparo Casar, directora de Anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), calcula entre dos y nueve puntos del PIB lo que cuesta la corrupción al país.

Los casos abundan y se multiplican en este sexenio. Un decálogo mínimo de hechos aparentemente irregulares o cargados de corrupción incluye a la empresa española Obrascón Huarte Laín (OHL), la famosa Casa Blanca de la esposa del presidente Peña Nieto, otra mansión del titular de Hacienda, Luis Videgaray, el escándalo del gobernador sonorense, Guillermo Padres, investigado en Estados Unidos por lavado de dinero,  entre otros.

En febrero de 2014, Citigroup Inc informó que detectó un fraude en contra de su filial mexicana Banamex relacionado con la firma de servicios petroleros Oceanografía. La Procuraduría General de la República (PGR) ordenó la intervención de la compañía y las investigaciones correspondientes, lo que puso en duda la forma en la que se habían otorgado a la firma contratos de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante los sexenios panistas.

Entre los casos de presunta corrupción más sobresalientes de los últimos años figuran el escándalo que involucra a la española OHL y principalmente algunos funcionarios mexiquenses, pero también del Gobierno federal, destaca el nombre de Apolinar Mena Vargas. Él, como Secretario de Comunicaciones de la administración de Eruviel Ávila Villegas, renunció a su cargo debido a la filtración de los primeros audios en los que se evidenciaba la colusión entre directivos de OHL con los mexiquenses para obtener beneficios con el Viaducto Elevado Bicentenario y el Circuito Exterior Mexiquense.

Cuatro meses después, Mena Vargas regresó al Gobierno estatal como Secretario Técnico del Gabinete y posteriormente se volvieron a filtrar grabaciones en las que intenta falsear cifras para obtener dinero del Edomex en un nuevo proyecto que parece ser el Mexibús.

En mayo del 2015, a través de una cuenta de Youtube, se dieron a conocer varios audios en los que se reveló el supuesto caso de corrupción entre OHL y Apolinar Mena para inflar los precios del Viaducto, una concesión que le fue otorgada a la empresa española en 2008, cuando el hoy presidente Peña Nieto era Gobernador del Edomex.

Durante 15 años, OHL ha sido beneficiado por grandes contratos. Los proyectos que tiene actualmente en el país le otorgan anualmente el 15 por ciento de sus ganancias a nivel mundial (524 millones de euros) e incluyen seis autopistas de peaje, ubicadas en las zonas urbanas con mayor tráfico de vehículos –Distrito Federal, Estado de México y Puebla– que representan el 31 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país, y pese a que Gerardo Ruiz Esparza (SCT), Emilio Lozoya Austin (éste último ex titular de Pemex) y Enrique Ochoa Reza (CFE), así como el Gobernador Eruviel Ávila han sido involucrados, sin que haya sanciones por el caso.

Una investigación realizada en noviembre de 2014 por el sitio Aristegui Noticias evidenció la relación entre el presidente Peña Nieto y Grupo Higa a través de una casa en la calle Sierra Gorda 150, en las Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México.

La residencia –con un valor aproximado de 86 millones de pesos, unos 7 millones de dólares, según un avalúo independiente contratado para el reportaje del medio– es propiedad de Ingeniería Inmobiliaria del Centro, una empresa que pertenece a Grupo Higa, pero que la Primera Dama Angélica Rivera se encontraba en proceso de adquirir.

Grupo Higa es una empresa que ha sido beneficiada por el Gobierno federal con contratos millonarios, incluso una de las licitaciones más controversiales, la del tren México-Querétaro, se canceló días antes de que se diera a conocer el escándalo.  Sin embargo, casi un año después, el Secretario de la Función Pública (SFP), Virgilio Andrade, aseguró que el tema es un caso “legalmente cerrado” por la administración federal.

Más tarde, el diario The Wall Street Journal informó que tanto una segunda residencia de Peña Nieto como otra residencia del titular de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray Caso, ambas lujosas, habían sido compradas a otro importante empresario, Roberto San Román Widerkehr.

Videgaray había comprado la casa en Malinalco, en la entidad mexiquense, siendo ya Secretario, mientras que el actual Presidente mexicano la compró poco después de ser elegido Gobernador del Estado de México.

Las empresas de San Román, que hasta esa fecha no habían ejecutado ningún contrato público, lograron ganar varias licitaciones públicas mientras Peña Nieto fue Gobernador del Estado de México por un valor de unos 100 millones de dólares.

La comisión encargada de investigar estos supuestos conflictos de intereses dictaminó que no se habían cometido irregularidades ni por parte del Presidente ni de Videgaray.

En medio de las acusaciones por la “casa blanca”, el entonces Diputado federal y ahora Jefe delegacional de Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Ávila, acusó que el Gobernador poblano Rafael Moreno Valle entregó proyectos por más de 26 mil 212 millones de pesos en tres años, al empresario Hinojosa Cantú, dueño de Grupo Higa.

La filial del Grupo Hermes, La Peninsular, y la filial de Higa, Concretos y Obra Civil del Pacífico, participan en la obra del Museo Internacional Barroco de Puebla, con valor de 7 mil 280 millones de pesos. De acuerdo con Monreal Ávila la construcción se pagará en 23 años, con pagos mensuales de 22.4 millones de pesos.

La obra se licitó bajo el esquema de Proyectos para la Prestación de Servicios, lo que permite contratar empresas privadas para “la edificación de obra pública afectando el erario por décadas. El proyecto se autorizó por Banobras en 8 días, se solicitó el 20 de junio y se aprobó el 28 de junio de 2012, tiempo récord”, dijo.

Por este caso, pidió que se investigara la construcción de este museo porque “es una corrupción enorme, tráfico de influencias y conflicto de intereses”.

En octubre último un nuevo escándalo por bienes inmobiliarios de lujo saltó a la opinión pública del país luego de que el pintor Sergio Hernández señalara al gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, de poseer una casa de lujo en la zona más exclusiva de la capital de ese estado, presuntamente valuada en alrededor de 7 millones de dólares; las imágenes de la misma fueron difundidas en la portada del diario Reforma.

De acuerdo con el diario, la casa fue diseñada en 2007 por la arquitecta Renata Elizondo, quien en 2011 fue contratada por Cué para decorar su oficina en el Palacio de Gobierno.

Según Hernández, él conoce esta casa y reveló que varios colaboradores de Cué son sus vecinos.

“Están todos amurallados, es un acceso restringido. No son casitas de interés social, ni de 200 metros. Hay varias casas ahí que se han ido construyendo los secretarios del gobernador”, expuso.

El pintor oaxaqueño retó a Cué a explicar cómo compró la residencia.

En el 2010, Cué hizo pública su declaración patrimonial, al momento de iniciar su sexenio, y reportó que no poseía bienes inmuebles, solo una camioneta -que afirmó estaba pagando-, y un par de relojes de lujo.

Otro ex gobernador en el candelero de los escándalos es el sonorense Guillermo Padrés, del PAN.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos investiga a Padrés, por presunto lavado de dinero por hasta 3.3 millones de dólares proveniente de posibles recursos ilícitos y sobornos de un contratista.

El 5 de marzo de 2015, el diario The Wall Street Journal publicó un artículo sobre  presuntos actos de corrupción en Sonora, principalmente por el posible pago de sobornos al Gobernador y a su hermano Miguel Padrés Elías.

El diario añadió que los hermanos Padrés Elías presuntamente transfirieron 8.9 millones de dólares de cuentas de México a cuentas en bancos de Estados Unidos, desde que Guillermo Padrés entró en funciones como Gobernador de Sonora en 2009, de la siguiente manera: 3.3 millones de dólares que habrían recibido de empresas de Mario Aguirre que ganaron contratos públicos con el Gobierno sonorense para proveer uniformes escolares, equivalentes a 20 millones de dólares.

El rotativo también indicó que 5.7 millones de dólares en 2012 pasaron a una cuenta bancaria en Estados Unidos, a nombre de Tenerife CV, una firma con sede en Holanda. Posteriormente 522 mil dólares en otra cuenta en EU, a nombre de Dolphinius CV, otra sociedad de responsabilidad limitada con sede en Holanda.

Más todavía en la ruta de los gobernadores. Una investigación de SinEmbargo  dijo que el 10 de junio de 2013, el gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez,  inició un trámite ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en la Ciudad de México, para registrar la marca “Que el cielo bendiga  a Chihuahua” como un “aviso comercial” creado para la “gestión de negocios”, trabajos de publicidad, administración de comercios y demás trabajos de oficina.

El expediente quedó integrado con el número 83251, a nombre de César Horacio Duarte Jáquez. La dirección: Periférico de la Juventud número 8725, colonia Lomas Universidad, Chihuahua. En esa misma dirección, de acuerdo con el padrón de proveedores de la Secretaría de Hacienda de aquella entidad, está también registrada una compañía de servicios médicos que ha ganado contratos millonarios para surtir al gobierno del mismo mandatario.

La empresa se denomina “Servicios y Atenciones Médicas K”, y aparece en la relación de empresas que hacen negocios con el gobierno estatal con el número de registro A-32-27621. De acuerdo con Jaime García Chávez, autor de la investigación sobre el banco y de la denuncia ante Procuraduría General de la República (PGR), la oficina donde ahora está el negocio “Que el cielo bendiga a Chihuahua” es el domicilio fiscal generado para registrar algunas de las empresas que, de acuerdo con diversos indicios, podrían estar participando en un entramado de corrupción en beneficio de otros funcionarios estatales.

En 2014,  Luis Téllez renunció a su cargo como presidente del Consejo de Administración y director general de la sociedad en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). De acuerdo con una investigación realizada en Estados Unidos, él y Carlos Ruiz Sacristán participaron en una operación irregular.

Téllez Kuenzler es directivo de Sempra Energy Inc, una empresa acusada de delitos como lavado de dinero, fraude fiscal y contrabando y cuya filial mexicana, Infraestructura Energética Nova (Ienova), es la única empresa en el sector energético que cotiza en la BMV y quien ganó uno de los primeros contratos requeridos por la actual Reforma Energética: la construcción de un gasoducto en el estado de Chihuahua, en la región de Ojinaga.

Sempra Energy es investigada por haber operado empresas offshore que no estaban reportadas al Departamento del Tesoro ni a la Comisión de Valores. Pese a esto, Luis Téllez fue nombrado como consejero independiente del Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo, uno de los organismos emanados de la Reforma Energética, hasta el 2017.

Se añade a la lista el caso de Citigroup Inc, que informó en febrero de 2014 que descubrió un fraude en contra de su filial mexicana Banamex relacionado con la firma de servicios petroleros Oceanografía. La Procuraduría General de la República (PGR) ordenó la intervención de la compañía y las investigaciones correspondientes, lo que puso en duda la forma en la que se habían otorgado a la firma contratos de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante los sexenios panistas.

La investigación de la PGR reveló una posible red de tráfico de influencias, en la que la se exponía que Oceanografía formaba parte de una red de complicidades entre funcionarios y ex funcionarios panistas durante los sexenios de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, en la que estarían involucrados Jorge Alberto y Manuel Bribiesca Sahagún, hijos de Marta Sahagún, esposa del ex Presidente Fox. Los directivos de la paraestatal habrían beneficiado ilegalmente a la empresa de Amado Yáñez Osuna, con la adjudicación de 321 contratos por 8 mil 744 millones de pesos en el periodo de 2010 y 2012.

Por el caso, Carlos Morales Gil, ex director de Pemex Exploración y Producción (PEP), fue investigado por la PGR junto con 20 ex funcionarios más por el caso Oceanografía. Pero en febrero de 2014 renunció a su cargo a la paraestatal, justo antes de la discusión de la Reforma Energética, la prensa sospechó que se debió a la investigación al respecto, sin embargo poco después se dio a conocer que sería integrante de la nueva compañía petrolera mexicana Controladora Petrobal, del empresario Alberto Baillères González, que en septiembre obtuvo la cuarta zona contractual de la Segunda Licitación Pública Internacional de la Ronda Uno.

En 2012, una investigación de The New York Times titulada “El pasillo del soborno: ¿Cómo Walmart utiliza pagos para salirse con la suya en México?” reveló que Walmex habría pagado sobornos a las autoridades mexicanas para construir tiendas en el país.

El caso más controversial en la investigación del diario estadounidense fue el de la instalación de la tienda en San Juan Teotihuacán, en el Estado de México, que se dio cuando Enrique Peña Nieto era Gobernador de la entidad. También involucró al actual Gobernador de Morelos, Graco Ramírez Abreu, y al entonces titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Sergio Raúl Arroyo.

De acuerdo con documentos en posesión del Congreso de EU, Walmart pagó cientos de miles de dólares en sobornos para obtener los permisos para construir su tienda en la zona arqueológica.

La revelación provocó que las acciones de Walmart cayeran alrededor de 5 por ciento y las de su filial en México bajaran 12 por ciento. Sin embargo, la investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre el caso que lleva más de tres años previó que las denuncias de corrupción podrían resolverse con una multa y sin la presentación de cargos criminales.

El 10 de abril de 2014, la fabricante de equipo de cómputo Hewlett-Packard (HP) llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para pagar una multa de 108 millones de dólares, luego de que la Comisión del Mercado de Valores (SEC, por su sigla en inglés) descubrió casos de sobornos para conseguir contratos con Petróleos Mexicanos (Pemex) en México.

Según un comunicado de la agencia estadounidense, HP en México pagó más de un millón de dólares en comisiones para obtener un contrato de un paquete de software con Pemex, lo que le generó ganancias ilícitas por 2.5 millones de dólares.

Un año después, Pemex reportó a la Comisión de Valores de EU que su Órgano de Control Interno no encontró ningún pago inapropiado por parte de Hewlett-Packard a empleados de la petrolera, pese a que el caso sigue abierto en el vecino país del Norte.

 

 

 

 

 

 

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COLATERALES
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Un sistema anticorrupción que cojea sin leyes secundarias

Aun cuando el presidente Enrique Peña Nieto impulsó la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción, especialistas en transparencia consideran que no sólo falta la legislación secundaria que respalde una operación imparcial y eficaz, sino que las iniciativas contemplen la opinión de la sociedad civil, ya que la mayoría de ellas provienen de administraciones señaladas por actos abusivos, comenzando por los que se generan desde la propia Presidencia de la República y el primer círculo del Jefe del Ejecutivo federal.

Peña Nieto definió así el alcance de la Reforma Constitucional para el combate a la corrupción que presentó el 27 de mayo: que los servidores públicos y los particulares que incurran en este tipo de prácticas sean sancionados y obligados a resarcir el daño patrimonial causado.

“Éste es un auténtico cambio de paradigma para combatir con mayor eficacia el cohecho, la extorsión o el tráfico de influencias, entre otros actos indebidos. En pocas palabras es una reforma contra la impunidad”, apuntó.

Las modificaciones al texto constitucional, la doceava de las “reformas estructurales” de Peña Nieto, consiste en la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción con representantes de “todos los órdenes de Gobierno” –la mayoría existentes– relacionados con la transparencia y la fiscalización; la ampliación de revisiones de la Auditoría Superior de la Federación y la creación de una Fiscalía Especializada en la Procuraduría General de la República.

“Es un paso histórico a favor de una nueva cultura de la legalidad”, insistió al presentar el decreto en Palacio Nacional.

De este “paso histórico” a una disminución del abuso de los cargos públicos en beneficio personal, sin embargo, aún hay un largo camino, de acuerdo con expertos. El investigador Mauricio Merino, académico del Colegio de México (Colmex) y del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), apunta que entre los tomadores de decisiones falta una perspectiva que considere que la corrupción es un delito que se genera en redes, y del que normalmente hay evidencias –como la “casa blanca” de la familia presidencial–, y no sólo irregularidades en los procedimientos.

“Si son corruptos, no estúpidos”, expone Merino al explicar las consecuencias de la perspectiva sólo punitiva de conductas individuales, revisora de procedimientos y que no atienda evidencias.

Fue esta manera de “enfrentar” la corrupción, explica el investigador, lo que libró de responsabilidades la asignación de contratos al empresario Juan Armando Hinojosa, amigo cercano del Presidente Enrique Peña Nieto y a su vez financiador de la residencia de más de 50 millones de pesos en la que éste vive con su familia.

 

La Casa Blanca se convierte en

la marca del sexenio de EPN

La investigación periodística que encontró que la familia presidencial vivía en una residencia de alrededor de 54 millones de pesos, unos siete millones de dólares en ese momento,  financiada por el empresario Juan Armando Hinojosa, contratista de Peña Nieto desde que era Gobernador mexiquense, marcó el sexenio. Elaborada por el equipo de investigación de Aristegui Noticias, y publicada el 9 de noviembre de 2014, a menos de dos meses de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas en Guerrero, colmó el ambiente de desconfianza y repudio de por sí expandido contra la actual administración federal.

“Él niega irregularidades, y su vocero explica que la señora Rivera está pagando el préstamo de la casa con dinero de su bolsillo. Pero la revelación ha añadido al desencanto público”, publicó The Economist en noviembre de 2014, cuando también mencionó que una de las primeras repercusiones globales de esta relación fue la cancelación de un contrato por más de 50 mil millones de pesos para construir un tren rápido y que había sido asignado a Higa en consorcio, entre otros, con la Corporación China de Construcción de Ferrocarriles.

“La cancelación del contrato para la construcción del tren de alta velocidad ensombreció la visita a China. Peña Nieto, quien ha buscado atraer inversión extranjera a través de un ambicioso paquete de reformas energéticas y ha cortejado asiduamente al presidente Xi Jinping, llegó gruñendo titulares”, agregó el medio británico.

La investigación de Aristegui fue seguida por The Wall Street Journal, que encontró que el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, tenía también una casa comprada con ventajas al empresario Hinojosa y que Peña Nieto tenía además otra adquirida de otro de sus contratistas desde que era Gobernador, Roberto San Román.

En febrero, y después de que la Secretaría de la Función Pública había permanecido sin titular durante lo que iba del sexenio, Peña Nieto respondió a las críticas y nombró como titular de esta dependencia a un abogado y amigo de Videgaray, el ex consejero electoral Virgilio Andrade, a quien ordenó determinar si la asignación de contratos a Hinojosa y San Román por parte de su presidencia implicaban conflicto de interés.

Fue al hacer ese anuncio ante los medios de comunicación, el 3 de febrero, que Peña Nieto mencionó que hay conflictos de interés “reales”, “potenciales” y, también, “aparentes”, o en los que existe la percepción social o la sospecha de que hay un conflicto de interés sin que exista “violación legal alguna”. Fue también ahí donde, al notar el silencio que siguió a discurso, se quejó en broma con su vocero diciendo “ya sé que no aplauden”, frase que de inmediato fue retomada por miles de usuarios de las redes sociales para expresar burlas.n de #se ha conectado de manera

El límite de esta “ventana de oportunidad” fue evidenciado el 21 de agosto, cuando Virgilio Andrade presentó el resultado de su indagatoria sobre los contratos asignados a Higa y, después de aplicar más de cien cuestionarios, concluyó que no se configuraba ilegalidad alguna.

En una conferencia de prensa, ese día leyó durante más de una hora los motivos por los que no había encontrado ni ventajas ni conflictos de intereses en la relación de Peña Nieto, su esposa y Videgaray con Juan Armando Hinojosa. Los motivos, explicó, fue que ninguno era funcionario cuando se compró la casa y ninguno asignó los contratos. Y quienes sí participaron en la asignación de los contratos, agregó Andrade, descartaron cualquier conflicto o vínculo con la empresa.

“Se interrogó a 111 servidores públicos que intervinieron en los contratos de Servicios u Obras Públicas otorgados a las empresas vinculadas con el señor Juan Armando Hinojosa Cantú y Ricardo Arturo Sanromán Dunne. En todos los casos, los servidores públicos declararon, bajo protesta de decir verdad, que no se les ordenó resolver de alguna manera el procedimiento, así como que no tenían ningún interés personal, familiar o de negocios con la empresa adjudicada”, leyó Andrade.

“En este análisis se incluyó la declaración de cada uno de ellos sobre posible conflicto de interés y, con base en el análisis y en la documentación existente, dichos servidores públicos tampoco incurrieron en ningún conflicto de interés en lo particular. Como se señaló, de acuerdo con las leyes mexicanas, para que exista conflicto de interés es necesario demostrar la violación a la imparcialidad en el actuar público del servidor investigado y que la parcialidad en que incurra esté relacionada con las atribuciones que la Constitución y las Leyes le señalan”, continuó el funcionario.

Después de más de una hora de justificación legal de los contratos del amigo del Presidente, Andrade respondió las preguntas aludiendo al Artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos como marco legal casi único contra el abuso de poder y sin incidencia, dijo ante pregunta específica, sobre relaciones como la de Hinojosa con la pareja presidencial.

“Con independencia de cualquier relación, el conflicto de interés no se materializa con la amistad. Se materializa cuando, a extensión de una relación personal, familiar o de negocios, el servidor público rompe con el principio de imparcialidad, incide de alguna manera indebida en la asignación de un contrato o recibe un beneficio personal en su patrimonio”, insistió Andrade.

El resultado presentado fue el previsto. Nadie, dijo entonces Alejandro González Arreola, director de la organización Gestión Social y Cooperación (Gesoc), esperaba algo “distinto” porque la instancia que generó la investigación es subordinada del Presidente. También, explicó Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, porque el marco legal sobre el conflicto de interés en México es limitado. Y, lo peor, agregó Oscar Arredondo Pico, de Fundar, es porque, como quedó claro, no existe voluntad política para responder ni aun preguntas básicas: si no hubo conflicto de interés –cuestionó– ¿por qué se dio la licitación del tren México-Querétaro, donde Grupo Higa resultó ganador, y luego se revocó? ¿Por qué se anunció que se devolvería la “Casa Blanca”?

 

Organizaciones de la sociedad civil alertan contradicciones palmarias

La contradicción entre el discurso del presidente Enrique  Peña Nieto a favor del combate a la corrupción y sus acciones fue advertida de nuevo en septiembre de 2015, cuando organizaciones de la sociedad civil explicaron que, aun con el anuncio de un Sistema Nacional Anticorrupción, el Presidente impulsaba una iniciativa de modificaciones a la Ley de Obras Públicas que fomenta aún más la discrecionalidad en la asignación de recursos públicos para la construcción de infraestructura.

Dicha propuesta de modificaciones fue presentada el 4 de noviembre de 2014 por el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, en lo que fueron, literalmente, los últimos días de credibilidad del Ejecutivo. A la exhibición hecha por el equipo de Aristegui Noticias se sumó, a partir de mayo siguiente, la difusión de una serie de grabaciones en las que directivos de la oficina mexicana de la constructora española OHL hablan de cómo ganan dinero a costa de los recursos públicos, sobre todo del Estado de México, al cual, desde que Peña Nieto era Gobernador, le habrían “inflado” precios de obras y sustraído información privilegiada.

En julio, las revelaciones alcanzaron al propio Ruiz Esparza que en otro de los audios,  atribuidos a una empresa auditoria de las obras de OHL, se menciona como beneficiario de una estancia en la Riviera Maya a cargo de la constructora. Uno de sus subalternos, mostró también la grabación, habría filtrado a OHL el disco compacto con la información de dos licitaciones, una en Quintana Roo y otra en el Distrito Federal.

 

 

 

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México, el más mortífero para ejercer el periodismo

Se ensañan con indígenas, jinetean dinero que les toca

Con 2015, un impuesto peor que los gasolinazos

El CCM denuncia el riesgo de ser sacerdote en México

Vuelve a posponer SCT la licitación para el TAV

Caso Iguala: un recuento de corrupción e ilegalidad

Ficrea: defrauda ahorradores entre omisiones de la autoridad

Con impunidad, saqueo y corrupción en psiquiátrico

Se desploma el país a ojos de extranjeros

Focos rojos por avance de autodefensas al centro

Conasami, una burla para los trabajadores

A punto de explotar epidemias por comer excremento animal

Fracasa la ley antilavado, se blanquean $3 billones al año

Un asco el servicio de Telcel, Movistar, Iusacell y Nextel

Congreso voraz, abusivo y opaco, con su presupuesto

México una vergüenza mundial, campeón en pornografía infantil

Volver a licitar costará al país cientos de millones de pesos

Deschamps, el legislador Más improductivo y opaco

Se perfila un conflicto en tribunales con los chinos

A fuerza de denuncia, rectifica; tren México-Querétaro

Clan Salinas obtuvo ferrocarril México-Querétaro y elevó costo

Atacan enfermedades de la pobreza

Pemex dispara burocracia

Impune cadena mortal en Edomex por asbesto

Psicosis por ébola, en Salud no quieren atender pacientes

Pega cambio climático

Realidad de menores

Senadora del PRD y diputado de PT siguen en la impunidad

Políticos de PRI, PAN y PRD provocaron la catástrofe

De Pronasol a Prospera, perdida lucha vs pobreza

Eruviel solapa turbio negocio en el Nevado

Luis Téllez, primero en torcer reforma energética

Fracasa reforma laboral, no logra meta de empleo

Voracidad y atropellos a clientes deja a bancos jugosas ganancias

México, donde más se trabaja y se paga menos; efecto de reforma

Suicidios sin freno; grave problema de salud pública

Drama en psiquiátricos; casas del terror por su abandono

La legislatura más cara; a billetazos pasan leyes

Instituto de Migración, una cloaca sin remedio

Ven afuera corrupción Por reforma energética

Con impunidad, gaseras piratas se apoderan del mercado en DF

Autoridades quedan a deber en seguridad

Esfuman ahorros de trabajadores; tienen perdidas supermillonarias

Engaño criminal de la Sedesol a vulnerables

Unificarán instituciones de salud y habrá una privatización parcial

Terror por tráfico de órganos de menores desaparecidos

Revivirán transa y corrupción del sindicato ferrocarrilero

GDF pide hacer ejercicio pero cobran por hacerlo

Cuesta 2 mil mdp tener a presos sin sentencia

Suman 50 mil huérfanos de lucha contra el crimen

Fracasaron escuelas de tiempo completo

Los capitalinos a merced del crimen por indolencia de GDF

Llegar a tercera edad, condena de vejaciones, maltratos y abandono

Transas sobre damnificados

Más pobres muere de hambre

Sangran al Congreso

Enloda derechos el ombudsman

Impunidad de Oceanografía

Maestros festejarán su día

Iniciativas pueriles en el Congreso

50 mil huérfanos

Sin leyes, la IP & Pemex2

Reta magnate republicano Donald Trump al gobierno de Peña Nieto

Una incógnita el futuro de la CFE como empresa de clase mundial