Domingo Marzo 26, 2017

FernandoCÚPULA POLÍTICA

CORRUPCIÓN, ¿PARA LA PAZ SOCIAL?

Antes de que concluyese el polémico régimen de Gustavo Díaz Ordaz, en un diálogo con estudiantes que lo increpaban en el Tecnológico de Monterrey, por los síntomas evidentes de corrupción en la administración pública federal, éste se acercó a uno de los más aguerridos y le dijo, tomándolo de los hombros:
 
"Joven, la corrupción, desafortunadamente es el precio que tenemos que pagar para mantener la paz social". 
 
Ese joven, quien es hoy un prominente empresario se quedó estupefacto y, ahora con el paso de los años, aún no puede asimilar cómo desde la cumbre de la estructura oficial política y administrativa, se tuvo esa visión y, por lo que se observa, se tiene todavía en la burocracia, mostrándose lastimosamente sobre la vida de todos los mexicanos.
 
Muchos años después, basta ver en nuestros días las muestras de ese monstruo de corrupción que parece tener más de mil cabezas y que si se corta una se reproduce de inmediato muiltiplicándose. 
Así en la vida cotidiana, se capta como funcionarios, legisladores de la ALDF, de las Cámaras de Diputados y de Senadores y de los congresos estatales, se hacen de la vista gorda y pareciera que la ciudadanía ve una cosa y ellos otra. 
 
No es que la corrupción sea un problema cultural como lo afirmó el Presidente Enrique Peña Nieto hace algunos meses y lo reiterara hace algunos días en entrevistas con el Financial Times, antes de su visita a Londres, sino que es una cuestión que la élite en el poder lo considera como lo estableciese Gustavo Díaz Ordaz hace ya muchos lustros.
 
Muestras tenemos muchas:
 
a) Se aprobó por el Congreso de la Unión el Sistema Nacional Anticorrupción, el cual ya está en proceso de calificación por los congresos estatales (se requiere el aval de 17 de ellos) para estar vigente, pero, éste tiene innumerables limitantes o defectos, como no elimina el reparto discrecional del Presupuesto para evitar los llamados "moches" que puso el PAN en boga, por ejemplo a lo largo de dos sexenios cuando ocupó la Presidencia de la República,  para asignar estas partidas, en donde se canalizaban y hasta la constructora se determinaba para elevar en un 40 por ciento más la ejecución de una obra en cualquier municipio del país. 
 
Asimismo, este Sistema Nacional de Anticorrupción no podrá sancionar al Presidente de la República por actos de corrupción. Tan solo en esta administración, el peñismo está en la picota de la incredulidad por el escándalo de la compra de la llamada "Casa blanca", propiedad de la esposa del Presidente, quien la adquirió en siete millones de dólares a la  constructora favorita del régimen, Higa, y la casa que este mismo le vendió al titular de la SHyCP, Luis Videgaray, en el Club de Golf Malinalco, a precios inferiores y con intereses menores a los que ofrecería un banco o una financiera.
 
En ambos casos, Virgilio Andrade, titular de la Secretaría de la Función Pública, quien recibió la consigna de investigar a fondo estos asuntos, aún no ha podido llegar a una conclusión, para lo cual, según ha declarado, no hay prisa. 
 
Es evidente que en las casas de la familia presidencial y del secretario de Hacienda habrá impunidad y mucho más ahora que el mismo Sistema Nacional Anticorrupcion  no abarcará al inquilino de Los Pinos. 
 
Este Sistema, por cierto, tampoco permitirá que se hagan públicas las declaraciones patrimoniales y los conflictos de interés de los funcionarios. Tampoco se crea con éste, un sistema sancionatorio y está impedido de responsabilizar a personas morales o empresas que entren en cochupos con los funcionarios que sean beneficiados con contratos, concesiones o compra venta de servicios o bienes.
 
Como es costumbre en la vida política nacional desde hace décadas, donde la élite se protege para no ser castigados por las leyes, este Sistema Nacional de Anticorrupción no determinó para el gobierno federal y otros entes administrativos estatales y municipales poner topes a gastos en comunicación social  y se le "olvidó" establecer nuevos mecanismos para sancionar la corrupción en el poder judicial.
 
Tampoco establece la nueva Ley  de referencia esquemas de prevención en materia de corrupción y también se les pasó por alto a los señores legisladores el desarrollar inteligencia financiera.
 
Quizá voces que no hacen eco, como la del senador Armando Ríos Piter, quien se salió, por cierto de la contienda en la lucha por la candidatura del PRD a Guerrero, no obstante estar arriba en las encuestas, al denunciar que no se iba a sentar a negociar con quien a la postre tuvo que renunciar a la gubernatura Ángel Aguirre Rivero, quien reconoció que"esta reforma se queda corta para responder a los millones de mexicanos que, así como vieron la Colina del Perro - casotota de José López Portillo-, hoy se indignan con la "Casa Blanca".
 
El senador panista, ex priista y ex integrante del equipo presidencial de Vicente Fox Quesada, también fue sincero al señalar que "no hay que generar falsas expectativas (con este Sistema), lo malo de todo esto es que, por más candados que se pongan, la corrupción seguirá existiendo".
 Finalmente, en el Senado, la cámara de origen de este Sistema Nacional Anticorrupción, fueron 98 senadores que dieron su voto a favor; ocho en contra y dos abstenciones. 
 
Así, en un remedo de lo que debiera ser, el poder legislativo dominado por la mayoría priista y panista, con los sufragios del PANAL y PVEM, enviaron un engendro de cambios a 14 artículos de la Carta Magna para la creación de este Sistema. 
 
O sea, pequeñas modificaciones para que los políticos sigan enriqueciéndose y haya pocos o nulos castigos para combatir ese mal como es la corrupción, que tan bien definiera Gustavo Díaz Ordaz, "la corrupción es el precio que tenemos que pagar para mantener la paz social". 
 
Quien diga, en la élite de poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial que realmente se quiere erradicar la corrupción, estará mintiendo y eso la mayoría de los mexicanos, lo sabemos.

 

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