Sábado Agosto 19, 2017

 ENSAMBLE URBANO

Caso Aranburuzabala-López Dóriga

(Corrupción e impunidad)

Como en todo pleito, en el de Aramburuzabala-López Dóriga , ninguno de los involucrados saldrá incólume, ni siquiera el que está en medio, Miguel Ángel Mancera y su gobierno,  o quizá este menos que ninguno.
 
El viernes 14 de agosto la empresaria María Asunción Aranburuzabala Larregui, la mujer más rica de México, presentó una demanda por chantaje y extorsión contra la esposa de Joaquín López Dóriga, Adriana Pérez Romo, en torno a la construcción de un edificio de 122 departamentos en Polanco. Le pidieron, sostuvo, 5 millones de dólares.
 
El caso es de la mayor relevancia no solo por los protagonistas, acusada y acusadora, sino por todo lo que implica, una autoridad blandengue más interesada en quedar bien primero con el gran capital y luego con un importante comunicador, antes que en cumplir su obligación: aplicar la ley.
 
La señora Aranburuzabala, hasta ahora con una buena imagen de empresaria eficaz y bajo perfil (salvo cuando se casó en 2010 con el entonces embajador de Estados Unidos en México, Tony Garza, ya divorciados) deja en claro su intención de contravenir las regulaciones urbanas de Polanco al pretender construir un edificio de tres torres de 30 pisos cada una, en una zona donde el uso de suelo solo permite 12 pisos.
 
El proyecto contempla una inversión de 2, 218 millones de pesos sobre una superficie de 10,700 metros cuadrados de cinco predios que se fusionaron, pero la ley establece que cuando un predio se fusiona no cambia su uso de suelo.
 
Esto no importó para que las autoridades del GDF, Miguel Mancera,  y las de la delegación Miguel Hidalgo, entonces Víctor Hugo Romo, otorgaran a la Inmobiliaria Abilia, todos los permisos y licencias de construcción para dar paso a un gran conjunto inmobiliario con una torre de 30 pisos y 122 departamentos, cada uno de 8 millones de dólares.
 
Incluso el abogado de Aranburuzabala, Javier Coello Trejo (ex subprocurador de Lucha Contra el narcotráfico) asegura que la constructora Abilia recibió los permisos de construcción de las autoridades capitalinas para la obra de tres torres en Rubén Darío, pero derivado de las negociaciones y la oposición vecinal el arquitecto, Sordo Madaleno modificó el proyecto original para dejar una torre de 30 pisos y tres edificios adjuntos de tres niveles cada uno.
 
Luego la situación se puso peor, porque a las propias autoridades del GDF no les importó que ya hubiesen otorgados los permisos y licencias correspondiente a Abilia, pues con una u otra artimaña suspendía la obra, con la que complacía al grupo ahora demandado, encabezado por la esposa de López Dóriga, Pérez Romo, Paloma Carrera Baños y Gabriela Torres Ramírez,  coordinadora del Comité Ciudadano de la colonia Bosques de Chapultepec.
 
Parecería obvio que la corrupción, impunidad y el tráfico de influencias reinaron en este caso, como en otros muchos más, pero ¿qué motivó a las autoridades a otorgar permisos en contra de los límites marcados en el uso de suelo de la zona? ¿Qué motivo que con permisos otorgados se parara la obra por supuestas faltas administrativas?
 
Quien aparece como principal responsable de lo sucedido en torno a este caso es el Gobierno del Distrito Federal.
 
Ahora falta saber el desenlace, pero curiosamente desde que el conflicto surgió a la luz pública, el 20 de agosto pasado, no se ha sabido algo más de lo actuado en tribunales ¿o acaso la denuncia presentada se irá al archivo y los protagonistas del pleito quedarán cada quien son sus daños?
 
Ambientes y Barrios
 
Buen favor le hizo la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al gobierno capitalino al quitar un diputado más a Morena y otro al PRD, para dárselos a la chiquillada. Ya el Tribunal Electoral del Distrito Federal había quitado dos a  cada uno de esos partidos bajo el argumento de sobrerepresentatividad, mismo que ahora se ocupó para dejar una composición de la ALDF más a modo de la administración de Mancera, con 19 diputados para Morena, 17 para el PRD, 10 al PAN, ocho al PRI, cuatro para el PES,  tres para el PVEM, tres al Movimiento Ciudadano, y uno para Nueva Alianza y uno al PT.
 
Muy mal le puede ir al gobierno del Distrito Federal en el presupuesto “base cero” para el 2016, pues está claro que Luis Videgaray, secretario de Hacienda y Crédito Público, maneja a su antojo la distribución de los recursos públicos y gracias a las últimas reformas a la ley cuanta con más facultades que le permiten presionar políticamente a los gobernadores, y por sus características especiales, más aún al Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera.
 
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